Derechos básicos: por una Cantabria diversa

Cantabria es una sociedad diversa en lo sexual, en lo funcional, en lo racial, en el género… Y de esta diversidad no debe derivarse ninguna forma de discriminación. Las instituciones públicas tienen el deber de garantizar los derechos de todas las personas sin distinción, para que podamos ser protagonistas de nuestras vidas y podamos ejercer nuestros derechos y asumir responsabilidades.

5.1. Feminismo

Somos una fuerza comprometida con el empoderamiento de las mujeres y con la construcción de una nueva sociedad en la que exista plena libertad y no haya ningún tipo de discriminación ni violencia contra nosotras por el hecho de ser mujeres. El feminismo no es solo un discurso o una propuesta, sino que utiliza una perspectiva propia para analizar la construcción patriarcal del mundo en todas las esferas (económica, social, cultural, laboral, política…), y, así, poder articular una respuesta a la discriminación y a la violencia que sufrimos. Porque si solo se miran los datos globales, si no se aplica la perspectiva feminista, una propuesta que de entrada puede ser buena, puede pasar a repercutir negativamente o a no tener impacto en las mujeres. Por ello proponemos lo siguiente:

203. Ejecución de la Ley 2/2019 de Cantabria para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con un compromiso de cumplimiento efectivo que incluya presupuestos y plazos para la ejecución de todas sus medidas. Debe, además, darse a conocer a la ciudadanía de forma transparente y pública. 

204. Protección de mujeres en situación de vulnerabilidad social. Creación de programas y financiación específica para mujeres migrantes y desplazadas, víctimas de trata y explotación, familias monomarentales, víctimas de agresiones sexuales, mujeres en situación de dependencia y/o con discapacidad, así como sus cuidadoras, mujeres mayores, y cualquier otro colectivo que a causa de la feminización de la pobreza y la discriminación por causa de género requieran de un apoyo y atención especializada. 

205. Creación de una Oficina de Sexualidad Juvenil donde cualquier persona pueda consultar sobre anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo, píldora del día después, orientación sexual, transexualidad, dudas sobre sexo, etc., gestionada por personal especializado que pueda derivar al centro competente en caso de necesidad.

206. Fomento de la adopción y acogida para familias o personas que no estén en disposición de tener hijos o hijas. Trabajar por el mantenimiento de la prohibición sobre la práctica de los “vientres de alquiler”, también denominada “gestación subrogada”. 

5.2. Violencia Machista

La violencia machista se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho de serlo y comprende diferentes formas: toda conducta de malos tratos psicológicos; malos tratos físicos; malos tratos económicos; agresiones, abusos, acoso y explotación sexual; mutilación genital; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos y, en general, cualquier actuación que lesione la dignidad e integridad de la mujer. 

Según los datos oficiales, en los últimos 15 años 975 mujeres en el Estado español han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Si además computamos los asesinatos de mujeres en manos de hombres con los que no mantenían relación afectiva, los datos son muy superiores. Desde el año 2012 vemos como han aumentado tanto las denuncias, como las medidas judiciales de tipo penal y civil y los delitos ingresados (que llegan a los juzgados y fiscalías). Las cifras evidencian que desde las instituciones no se está haciendo bien el trabajo de prevención a través de la coeducación y la formación y sensibilización de la sociedad. Esta es una de las reclamaciones del movimiento feminista que entendemos fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa. Es precisamente la fortaleza del movimiento feminista lo que nos puede ayudar a garantizar los derechos de las mujeres frente al auge de la extrema derecha que niega la existencia de la violencia contra las mujeres y exige la eliminación de las leyes que la contemplen.

207. Puesta en marcha de una campaña por la adaptación de la legislación estatal y autonómica al Convenio de Estambul, que aborda de manera más completa la violencia sexual, la persecución y castigo a los agresores y contabiliza todos los asesinatos de mujeres independientemente de su relación con el homicida. 

208. Reforma de la Ley Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus víctimas y dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento íntegro de la nueva ley. 

209. Formación en prevención de la violencia de género, la LGTBfobia, y el racismo a los agentes de la Policía local, nacional y Guardia Civil con el fin de garantizar un trato adecuado a las mujeres que sufren violencia, a las personas racializadas y la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género al colectivo LGTBI. 

210. Elaboración periódica de informes sobre el cumplimiento y efectividad de las órdenes de alejamiento con el objetivo de comprobar su impacto y la adecuada respuesta ante los quebrantamientos. 

211. Desarrollo de medidas específicas de acción preventiva de situaciones de violencia machista o riesgo de ella.

212. Especialización de los Cuerpos de Policía y Fuerzas de Seguridad del Estado en violencia machista con el fin de que las mujeres víctimas de esta violencia tengan un trato adecuado y se pueda garantizar la prevención y detección, así como el cumplimiento de las medidas judiciales interpuestas. 

213. Apoyo al movimiento asociativo que desarrolle actividades de sensibilización y prevención. 

214. Puesta en marcha de planes de formación y sensibilización para el personal judicial. 

215. Garantizar a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos e hijas los recursos necesarios para poder continuar con su vida: vivienda, empleo, ayudas económicas, becas, formación, atención psicológica, etc. 

216. Gestión pública del Servicio de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. Realización de un estudio que muestre las necesidades reales y gestionar, incluyendo el sistema de acogida, directamente por el ICASS, para que la inversión redunde en la mejora del propio sistema, y no en macro entidades de dudosa perspectiva y sin arraigo en nuestra comunidad. 

217. Creación de un servicio especializado de prevención y atención integral a jóvenes en salud afectivo-sexual. 

5.3. Diversidad sexual

Desde el colectivo LGTBI hemos trabajado intensamente y hemos obtenido mejoras que nos han ayudado a construir una sociedad más justa.  Pese a los avances legislativos en materia de matrimonio, de identidad de género, de adopción y reproducción asistida, todavía nos encontramos con agresiones y LGTBfobia en los centros escolares, en el ámbito laboral, en los medios de comunicación, en la calle…  No podemos permitir que se nos juzgue, discrimine y maltrate por lo que somos y en esto tienen un papel esencial las instituciones públicas. Por ello urgen medidas específicas que nos ayuden a consolidar los derechos LGBTI. 

218. Aprobación de una Ley LGTBI de Cantabria, una ley por la igualdad de las personas Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Una ley que recoja todas las recomendaciones de la Unión Europea, que identifique los tipos de discriminación por homofobia, bifobia y transfobia, establezca la necesidad de un observatorio que vele por dicha igualdad, penalice todos esos tipos de discriminación y desarrolle políticas activas, en todos los ámbitos, para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. 

219. Aprobación de un Ley Integral de Transexualidad. El colectivo transexual, uno de los más excluidos socialmente, necesita una ley que aborde su problemática desde una perspectiva integral: sanitaria, educativa, laboral, etc. Una ley que, además, elimine completamente cualquier atisbo de patologización y que otorgue a las personas transexuales el pleno derecho a la identificación. Navarra, País Vasco, Andalucía y Canarias ya tienen una ley semejante. 

220. Apoyo institucional por parte de los municipios y del gobierno autonómico a la celebración de la fecha reivindicativa del Orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual; así como el compromiso de adoptar el 17 de mayo como Día Internacional contra la LGTBfobia, desarrollando acciones y campañas de sensibilización que visibilicen la apuesta por la diversidad y la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTB. 

5.4. Diversidad funcional

Es una cuestión de justicia que la diversidad funcional no condicione nuestra participación en nuestro entorno. Más a menudo de lo que nos gustaría nos encontramos con barreras, tanto psicológicas como físicas y arquitectónicas, que impiden la movilidad. Como sociedad, tenemos un compromiso por la igualdad de oportunidades y desde las instituciones públicas tenemos que garantizarlo. Para ello proponemos:

221. Garantizar la accesibilidad universal a todos los servicios y transportes. Tenemos la obligación de eliminar las barreras que dificultan o impiden el acceso a los servicios a las personas con diversidad funcional. 

222. Garantizar la accesibilidad a la administración electrónica autonómica y local que facilite su participación social y política. 

223. Promover la participación en política de este colectivo para que puedan aportar su experiencia en la toma de decisiones.

224. Incorporar los derechos de las personas con diversidad funcional como un contenido transversal en las políticas públicas. 

5.5. Diversidad racial y étnica

Somos una sociedad diversa, nacemos en diferentes lugares del mundo, tenemos diferentes colores de piel y nuestros hábitos culturales son distintos. Esta diversidad nos enriquece como sociedad y nos enseña a ver el mundo con los ojos de quien llega, con los ojos de quien lleva aquí mucho tiempo, con los ojos de quien nació aquí y su color de piel o costumbres pertenecen a colectivos minoritarios. Pese a lo positivo de esta situación, encontramos reacciones racistas y xenófobas que tenemos la obligación de combatir. Para ello proponemos lo siguiente:

225. Desarrollar un Plan contra los bulos y estereotipos xenófobos y racistas. Este plan debe contar con la participación de múltiples agentes, tanto institucionales como sociales; desde el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos, a medios de comunicación, asociaciones, partidos políticos y ONG. 

226. Apoyar y promover propuestas que identifiquen la diversidad cultural como un valor positivo y que busquen formar e informar sobre culturas minoritarias.

227. Promover medidas contra la discriminación y garantía de igualdad para los colectivos más vulnerables, como la comunidad gitana y la población migrante.