Medio ambiente y ordenación del territorio
6.1. Acciones ante un escenario de cambio climático
El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades de todo el mundo. Por un lado, requiere una transformación profunda del modelo energético y productivo para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, la prevención y la adaptación a las transformaciones que ya se han iniciado. La falta de una adecuada acción del Estado respecto al cambio climático hace esencial la implicación de Cantabria en un marco tan determinante y global como el climático.
En este contexto, Cantabria debe desarrollar una legislación a la altura de una situación cada vez más urgente, continuando el ejemplo iniciado por otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Islas Baleares o Cataluña, que ya han dado pasos importantes para tomar la iniciativa en la transformación social que esta situación requiere.
228. Impulso de una Ley Cambio Climático y Transición Energética: apuesta por un modelo económico que tenga en cuenta los límites del sistema ecológico, proponiendo una progresiva adaptación a un futuro sin energías fósiles.
229. Elaboración de inventarios anuales de emisiones de GEI asociadas a infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.
230. Adoptar medidas encaminadas a lograr el máximo de autosuficiencia energética en edificaciones tanto residenciales como industriales.
231. Implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética, especialmente dirigidos a la movilidad y el sector residencial.
232. Adaptar los edificios dependientes de la Administración, progresivamente, al uso de energías renovables, realizando estudios de eficiencia energética y adecuándolos.
233. Apuesta por un modelo de urbanización compacto que reduzca los desplazamientos a través de transporte particular.
234. Fortalecimiento del sistema de transporte público con el fin de reducir las emisiones de gases contaminantes.
235. Apuesta por las fuentes de energía renovables: realización de estudios objetivos de ubicación con el menor impacto de distintos tipos de energía, determinando así la idoneidad de la introducción de cada una (energía solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica…).
236. Aplicación de medidas de ordenación territorial frente a las inundaciones que reduzcan la vulnerabilidad de población y bienes a los efectos de las cada vez más frecuentes avenidas fluviales y fenómenos costeros.
237. Fomento de medidas que optimicen el consumo de agua, promocionando el ahorro y la eficiencia en los sistemas de distribución, reduciendo la aplicación de herbicidas y fitosanitarios, mejorando los tratamientos terciarios en depuración y reutilización de aguas residuales depuradas.
6.2. Por un urbanismo y desarrollo territorial sostenibles
La planificación territorial es una herramienta estratégica para el desarrollo de Cantabria. Su interés principal reside en su función integradora de todas las políticas sociales, económicas, ambientales y de vivienda, siendo su fin último alcanzar un desarrollo racional en todas las escalas del territorio. El suelo es un bien social finito, por ese motivo la política territorial y urbanística debe estar basada en un análisis de las necesidades y recursos, garantizando la rentabilidad no sólo económica sino también social y ambiental de las actuaciones sobre el territorio.
En las últimas décadas, Cantabria se ha visto inmersa en unas dinámicas territoriales que han dado como resultado un consumo excesivo y descontrolado del suelo. La falta de una adecuada planificación territorial ha permitido que estas transformaciones se hayan desarrollado con muy pocos obstáculos legislativos, deteriorando de forma acusada muchos de los paisajes de Cantabria.
238. Aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) como herramienta principal de gestión territorial.
239. Elaboración de los adecuados planes de gestión para los distintos montes de utilidad pública (MUP), estableciendo delimitaciones y compatibilidades entre los distintos usos en el medio natural (conservación de la naturaleza, ganadería, ocio, explotación forestal…).
240. Modificación de la herramienta de los PSIRes, asegurando su aplicación exclusivamente para proyectos en los que se justifique adecuadamente su beneficio en el interés general de la población.
241. Modificación de la Ley del Suelo, eliminación urgente de la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico no vinculada a explotación agraria.
242. Realización de estudios sobre las bolsas de suelo improductivo, en desuso o degradados que ofrezcan alternativas a la intervención en suelos de valor.
243. Prohibición de edificar en zonas con riesgo de inundación, pudiendo implantarse únicamente actividades compatibles con una zona susceptible de sufrir inundaciones.
244. Otorgar mayor seguridad jurídica a los suelos clasificados como Suelo Rústico de Protección Especial, de forma que se evite su reclasificación arbitraria o su inmediata disposición para sondeos de fracking o prospecciones mineras.
245. Protección de los suelos de alto valor agrológico (ZAE), otorgándoles la categoría de reserva de suelo.
246. Priorizar de forma efectiva la urbanización en suelos vacantes existentes en el suelo urbano, fomentando así un modelo de ciudad/núcleo compacto.
247. Aplicación de la obligatoriedad de rehabilitar viviendas vacías, en estado de ruina o fuerte deterioro de las que se sea propietario y en las que no se resida habitualmente, con el objetivo de promover su conservación o -en el caso de no hacerse frente a la rehabilitación- fomentar su venta.
6.3. Conservación del medio natural
Cantabria alberga una alta variedad de ecosistemas de gran valor ecológico. De la adecuada protección y conservación de estos hábitats naturales depende el futuro tanto de nuestra flora y fauna silvestres como de los elementos geomorfológicos y paleontológicos. Al mismo tiempo, la puesta en valor de este patrimonio natural es clave para fomentar el uso turístico sostenible de nuestros recursos naturales, contribuyendo de esta manera a la salvaguarda de nuestros paisajes y de sus procesos ecológicos fundamentales.
Para lograr estos objetivos es necesario afrontar de forma seria y decidida las exigencias en materia de conservación de hábitats y de protección de aguas que emanan de las Directivas europeas de conservación de la naturaleza. De igual modo, atendiendo a las particularidades de Cantabria, se deberán acometer desde nuestra administración las modificaciones legislativas oportunas para asegurar la adecuada gestión de nuestros recursos ambientales, así como el desarrollo de planes y programas específicos.
248. Promover el cumplimiento de la obligación de aplicar los adecuados planes de gestión (PORN, PRUG…) en la red de Parques Naturales, así como dotar de planes de gestión al resto de espacios de la Red Natura 2000.
249. Apuesta por la erradicación de las especies invasoras a través de un plan que implique la promoción de programas de empleo público en la eliminación de invasoras, así como la coordinación con otras comunidades autónomas que compartan la misma problemática.
250. Aplicación de medidas de prevención activa en la gestión forestal, con el fin de evitar los incendios antes de que se produzcan: aplicación efectiva del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (PEPLIF).
251. Promover la herramienta de la Custodia del Territorio a través de la intermediación entre entidades de custodia y particulares, con el fin de facilitar acuerdos de colaboración y conservación de espacios sin una gestión adecuada.
252. Ahondar en el apoyo a proyectos de conservación de fauna autóctona.
253. Protección efectiva del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Público Marítimo Terrestre, así como garantizar la conservación y uso sostenible de las aguas y ecosistemas fluviales.
254. Regulación de las técnicas de corta y saca de madera de plantaciones forestales, ajustándolas a criterios ambientalmente sostenibles y respetuosos con el medio.
255. Prohibición de las talas indiscriminadas de especies autóctonas en montes dependientes de la Administración.
256. Puesta en valor del arbolado de los núcleos urbanos a través de su protección efectiva e incremento de los espacios arbolados urbanos.
6.4. Bienestar animal
Una sociedad más justa, libre y culta es también una sociedad preocupada por el bienestar de los animales con los que convivimos. Afortunadamente, la mayoría de sociedad cántabra cada vez está más sensibilizada y repudia la crueldad hacia los animales. En este sentido los partidos políticos mayoritarios no han sabido estar a la altura y escuchar las demandas de la sociedad. Cantabristas propone una serie de medidas que garanticen un trato correcto y eliminen aquellas prácticas crueles y degradantes a los animales.
257. Eliminación de las subvenciones públicas y de la cesión de espacios públicos destinados a la tauromaquia, así como a cualquier otra actividad en la que se maltraten animales.
258. Elaboración de una nueva ley de protección de los animales domésticos, tomando en cuenta las opiniones de las protectoras y los colectivos animalistas.
259. Creación de un programa de apoyo económico y técnico a las entidades protectoras de animales y a los refugios y santuarios de animales heridos o abandonados.
260. Reconocimiento legal a la figura del santuario animal y dotación de medios económicos.
261. Fomento de la esterilización con el objetivo de lograr el sacrificio 0 de perros y gatos.
262. Desarrollo de planes de sensibilización contra el abandono y el maltrato animal.
263. Aumento de las exigencias para la obtención del permiso de caza.
264. Incremento de las responsabilidades sobre los perros empleados para la actividad de la caza mediante regulaciones que impidan su abandono.
265. Recuperación de los consensos del anterior Plan de Gestión del Lobo en cuanto a la consideración del lobo como especie no cinegética.
266. Persecución efectiva del furtivismo, dotando de más recursos la vigilancia, prevención y actuación contra el mismo.