Una nueva Cantabria al servicio de las mayorías sociales
4.1. Educación
Consideramos el sistema educativo como el eje vertebrador de la sociedad y la cultura de Cantabria. Apostamos por un sistema educativo que conciba la educación como un servicio público universal, de calidad y gratuito que se convierta en un elemento fundamental para la transformación social y el desarrollo integral de Cantabria. Entendemos la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades entre personas diversas, contribuyendo a la cohesión social. Proponemos un sistema educativo basado en el diálogo entre las partes que conforman la comunidad educativa sin olvidar los principios pedagógicos que envuelven la labor docente.
Entendemos que no es posible un sistema educativo de calidad sin capacidad política plena para dotarnos de un sistema fiscal y una hacienda propia que garantice a largo plazo, como mínimo, un 8% del PIB. Debemos organizar el sistema educativo en función de nuestras necesidades. Solo de esa manera podremos ofertar una educación de calidad.
En Cantabria la educación es una competencia del Gobierno autonómico. No obstante, las leyes generales y la financiación dependen del gobierno central, por lo que hay importantes limitaciones. En el conjunto del estado el gobierno del PP emprendió desde 2011 un ataque indiscriminado a la educación pública que se materializó en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Una ley que refuerza la escuela concertada y la privatización, ahonda en la confesionalidad, conforma un sistema educativo más selectivo y clasista, segrega al alumnado, desconsidera al profesorado y mercantiliza la educación. Esta situación no sólo no ha sido revertida, sino que, como vemos en Cantabria, año tras año, se aumenta el presupuesto a la escuela concertada.
En los dos últimos decenios, los notables progresos realizados por las mujeres en el ámbito educativo no se han traducido en una mejora comparable de su posición social y su acceso al mercado laboral y determinados puestos de toma de decisiones continúan siendo obstaculizados para nosotras. Además, nos encontramos con que continúan operando los estereotipos que dirigen a hombres y mujeres hacia un determinado tipo de profesionalización.
Debemos entender que la única manera de acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres es trabajando con los niños y niñas a través del sistema educativo. Necesitamos referentes femeninos y masculinos en las aulas que rompan los estereotipos de género para que niños y niñas puedan elegir libremente la profesión que ejercer y para que no se reproduzcan patrones de conducta que atentan contra la igualdad. Necesitamos niñas empoderadas y niños comprometidos con el feminismo, sólo así conseguiremos una sociedad justa.
110. Apostar por la derogación de la LOMCE y otras normas en materia educativa que sustenten las desigualdades, la privatización y la mercantilización del sistema educativo, impidiendo la igualdad de oportunidades. Apostar una nueva Ley Educativa de Cantabria que vertebre todo el sistema educativo y curricular de Cantabria, dotándola de un sistema de financiación adecuado para su puesta en marcha.
111. Apostar por una educación laica. La materia de religión no debería formar parte del currículo escolar ni estar presente en los centros educativos, puesto que la difusión de la fe religiosa corresponde al ámbito privado.
112. Aumentar de manera progresiva la financiación del Sistema Educativo de Cantabria, como mínimo, según lo establecido en el Acuerdo por la Educación, suscrito por toda la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar de Cantabria en junio de 2017 y aprobado por el Parlamento de Cantabria en mayo de 2018 que establecía el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en un plazo de 8 años. Hacer efectivo el pacto por la educación aprobado por el Consejo Escolar de Cantabria.
113. Compromiso de mantener abiertos los centros públicos, de tal manera que, si hay un exceso de oferta o esta se duplica en una zona o localidad determinada, se mantenga la oferta pública y no se subvencione la oferta privada.
114. Planteamos una estrategia de apoyo a la escuela pública a través de campañas informativas que sean capaces de dignificar su labor, hagan más atractivos los centros públicos y logren aglutinar más alumnado.
115. Retirada de concierto económico a los centros que incumplan la legalidad.
116. Aumentar la red pública de centros que ofertan aulas de 0-2 años.
117. Reducción progresiva del número de estudiantes en las aulas hasta llegar como mínimo al número máximo que estableció la Ley de Educación de Cantabria de 2008 para Secundaria y el cumplimiento de las ratios firmado en el acuerdo de 2016 entre la Consejería y la Junta de Personal Docente. Estas ratios se verán reducidas en los grupos que escolaricen alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y repetidor.
118. Garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa para todo el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo facilitando los recursos necesarios.
119. Apostar por el Proyecto de Refuerzo, Orientación y Apoyo educativo (PROA) como uno de los medios para garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad educativa. Queremos un PROA más ambicioso, que no genere empleo precario y cuyas contrataciones dependan de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
120. Garantizar la atención a la diversidad en todas las etapas y niveles educativos, potenciando el refuerzo y el apoyo educativo.
121. Puesta en marcha de un plan de actuación para combatir el fracaso escolar.
122. Elaboración de un plan integral para la escuela rural, con el objetivo de paralizar su desmantelamiento, garantizando los mismos servicios complementarios y medios que a los centros urbanos.
123. Apoyo y dotación a los Proyectos de Innovación Educativa que desarrollan numerosos centros educativos de Cantabria.
124. Dotar a los centros de un servicio de orientación escolar que garantice la asistencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello necesitamos reforzar las plantillas con profesionales de la orientación, servicios sociales, logopedia, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, etc. en coordinación con otras instituciones educativas y sociosanitarias y las propias familias.
125. Potenciar las bibliotecas escolares mejorando su gestión, instalaciones, materiales y dotación. Dotar de un docente bibliotecario a los centros con mayor número de alumnado y garantizar que en el resto de centros el profesorado que asuma la responsabilidad de este servicio goce de suficiente reducción horaria para poder gestionarlo adecuadamente.
126. Todos los centros tendrán una dotación suficiente de equipos informáticos y espacios y se garantizará el apoyo y mantenimiento de los mismos, así como la formación del profesorado.
127. Convocar ofertas de empleo públicas para profesorado que den respuesta a las necesidades de los centros, mejoren la calidad de la enseñanza y permitan terminar con la inestabilidad y precariedad laboral del profesorado interino. La Administración convocará, como mínimo, todas las vacantes producidas y creará las necesarias para una atención educativa de calidad.
128. Reducir las tasas de interinidad. El Acuerdo firmado en marzo de 2017 por el Ministerio de Hacienda, permite la convocatoria de OPE abundantes. Este acuerdo debe de ser aprovechado para garantizar la reducción de las tasas de interinidad que en Cantabria ascienden al 38%. Reducir esta tasa es de vital importancia para mantener en los centros equipos de trabajo estables que sean capaces de dar vida a los proyectos educativos a largo plazo.
129. Mejoras en la formación del profesorado. Garantizar el derecho a una formación continua que tenga como ejes la innovación educativa, la formación didáctica y pedagógica y la normalización de los contenidos de Cantabria.
130. Garantizar la formación, de al menos una persona por Centro Escolar, en materia sanitaria. Creemos en la necesidad de que los niños y niñas de nuestra sociedad se encuentren protegidos en materia de primeros auxilios en uno de los lugares que más tiempo ocupa en su vida.
131. Recuperar la reducción de jornada del profesorado de más de 55 años que ya estuvo vigente en Cantabria hasta el año 2012 y que, actualmente han vuelto a implantar otras comunidades autónomas.
132. Creación de una unidad específica de Perspectiva de género gestionada por especialistas en la materia cuya labor esté orientada a la formación de quienes sean representantes de Igualdad y a la impartición de cursos de prevención de la violencia de género.
133. Dotación, a quienes ostenten el cargo de representante de igualdad, de formación, recursos y horas lectivas para poder desarrollar su trabajo.
134. Desarrollo de un Plan de Coeducación y Diversidad diseñado a partir de un proceso participativo entre la Consejería de Educación, el Consejo Escolar, la Junta de Personal Docente y especialistas en igualdad, coeducación y diversidad sexual, racial y funcional. Tras su elaboración se desarrollará el Programa Ajayaíza para comenzar su implementación en los centros entre los cursos escolares 2019-2023.
a. El programa dotará al profesorado de materiales didácticos y herramientas para educar a las niñas y niños en igualdad y diversidad en un proyecto integral y transversal. No es una asignatura sino un sistema para implementar la coeducación en las asignaturas ya existentes de manera que impregne todas las especialidades de los centros educativos.
b. El profesorado recibirá formación durante tres meses y también podrán recibir cursos para educar en igualdad las familias que lo soliciten.
c. Todo el material curricular estará fundamentado en el principio de igualdad entre mujeres y hombres y aportará perspectiva LGTB+, multirracial y de diversidad funcional. Se dotará a estos colectivos del reconocimiento que merece su papel en la Historia, el Pensamiento, la Ciencia y, en general, en la sociedad.
d. Retirada de materiales con contenidos sexistas y racistas.
e. Actuación preventiva en contra de la educación machista, la violencia de género, el racismo y la LGBTIfobia a través de campañas informativas/formativas en los centros escolares.
f. Promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.
g. Formación transversal del personal educativo para el respeto a la diversidad afectiva y sexual.
135. Trabajar por la creación de una asignatura de Educación afectivo-sexual que incluya en sus contenidos la diversidad sexual y de género.
136. Formación del personal docente y los equipos de orientación psicopedagógica en aplicación de los protocolos de prevención, actuación y mediación escolar vigentes destinados a evitar la violencia, el insulto o el acoso escolar en todas sus dimensiones.
137. Ampliar los contenidos del currículo en lo que se refiere a Cantabria como materia de estudio en toda su dimensión histórica, geográfica, cultural, social, económica, etc.; y promover su cumplimiento, así como la formación del profesorado en esta materia.
138. Promover ayudas para la creación y publicación de material didáctico de Cantabria.
139. Incidir en la introducción de la educación ambiental de forma transversal en todas las fases de la educación, así como la implementación de talleres de concienciación ambiental destinados a toda la sociedad civil.
140. Promover el estudio de las lenguas del estado español en la Escuela Oficial de Idiomas. La oferta actual incluye la enseñanza de alemán, francés, inglés, italiano y portugués, no así las lenguas cooficiales de diferentes comunidades autónomas.
141. Impulso y puesta en marcha de programas de formación destinados a la población de Cantabria para conocer nuestra historia, cultura, geografía, sociedad y naturaleza.
142. Creación de un banco público de libros de texto y materiales escolares hasta el Bachillerato (incluidos los Centros de Educación de Adultos) que garantice los libros de texto gratuitos a través de un programa de préstamo.
143. Implantación y mejora de ayudas económicas para el comedor, fijando precios asequibles para el resto del alumnado.
144. Becas de estudio en todos los niveles para asegurar la continuidad de los estudios teniendo como criterios la situación económica familiar y la distancia entre su vivienda y el centro de estudios.
145. Promover un transporte público escolar gestionado desde el Gobierno de Cantabria.
146. Promover la elaboración de una Ley de Transporte Escolar de Cantabria para garantizar el derecho al transporte escolar en todos los niveles educativos.
147. Recuperar el consenso perdido en el último año de legislatura en materia de educación.
4.2. Universidad
Al igual que el resto del sistema educativo, la educación universitaria debe ser un servicio público universal, de calidad y gratuito. La Universidad, además de ser una herramienta de formación, que contribuye al desarrollo personal y social, abre la oportunidad de transformar la producción de conocimiento en oportunidades económicas y sociales que contribuyan a cohesionar y vertebrar Cantabria. Para ello proponemos:
148. Afianzar el contrato-programa con el Gobierno Autonómico, alargando su vigencia a periodos de cuatro años y estableciendo unas bases sólidas.
149. Establecer la financiación de la Universidad de Cantabria en un mínimo del 1,5% del PIB, con el fin de que pueda mantener su plantilla y renovarla gradualmente sin que aumenten las tasas y el precio de la matrícula.
150. Establecer un presupuesto específico para la investigación y la formación del personal de investigación en la UC, así como para la internacionalización de los mismos.
151. Rehuir desde el Gobierno Autonómico la implantación de titulaciones en otros centros universitarios que ya se oferten en la Universidad de Cantabria y que no ofrezcan las garantías necesarias.
152. Transferir a Cantabria los medios materiales y las competencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como de las instituciones que dependan del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
153. Apoyar y promover las líneas de investigación centradas en las necesidades propias de Cantabria y que permitan el posterior desarrollo económico, social y cultural de la misma, con especial incidencia en la inversión en I+D+i.
154. Fomentar la dinamización y el crecimiento del personal investigador, apoyando los programas de doctorado de calidad en todos los campos del conocimiento.
155. Modificar la normativa del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, especialmente en lo referente a su composición.
156. Garantizar la comunicación y el transporte en los campus universitarios, apostando por los medios de transporte públicos y respetuosos con el medio ambiente.
157. Cambio de criterios de acceso a las becas en educación universitaria de la comunidad autónoma, ampliando su alcance y cuantía, modificando sus criterios de concesión para evitar el solapamiento con las becas del Ministerio de Educación.
158. Promover la rebaja en los costes de las segundas y terceras matrículas universitarias.
4.3. Sanidad
La sanidad como derecho básico y universal que es, debe ser absolutamente gratuita y de calidad. Cantabria tiene que contar con la financiación adecuada para tener un sistema sanitario eficiente que satisfaga las necesidades de una población cada vez más envejecida. Las carencias que tiene actualmente nuestro sistema se deben, por un lado, a la falta de financiación por parte del gobierno de Madrid, y, por otro lado, son fruto de una política neoliberal que ha visto en la Sanidad pública un negocio para algunas grandes empresas. Tenemos un claro ejemplo de esto con la progresiva privatización de los servicios no asistenciales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, realizados durante la legislatura 2011-2015 y que el actual ejecutivo no ha revertido. Urge por tanto dar un giro a estas políticas y apostar por lo público con el objetivo último de acabar con las externalizaciones y tener una sanidad totalmente pública, gratuita, universal. Este sistema no solo es más justo y garantiza que no haya ningún tipo de exclusión sanitaria para las personas migrantes que se encuentren en situación irregular, sino que además es un sistema mucho más eficiente.
159. Revisión y auditoría de todos los contratos de las externalizaciones de servicio de actividades del Servicio Cántabro de Salud.
160. Garantizar una financiación estable y suficiente del Servicio Cántabro de Salud, así como la elaboración de presupuestos más ajustados a la realidad, que contemplen las necesidades y medidas de mejora del sistema sanitario público a corto, medio y largo plazo.
161. Recobrar el poder sobre la gestión y control del Servicio Cántabro de Salud (SCS), así como de las actividades desarrolladas en la sanidad pública y del personal sanitario, con el fin de ofrecer un recurso de salud pública que se encuentre a la altura de las necesidades de nuestra población.
162. Promover la Atención Primaria como pilar fundamental del sistema de salud, realizando una revisión de la cartera de servicios.
163. Promover la creación de un convenio autonómico que proteja y asegure las condiciones laborales de los y las auxiliares de enfermería, en el cual se reconozca su profesión y se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo las contrataciones respetando el grupo profesional que les corresponde, así como el salario y los derechos laborales establecidos por este.
164. Promover mejoras en el acceso a la sanidad en zonas aisladas y/o poco habitadas, a corto plazo con ambulancias especiales que faciliten la atención y acorten los tiempos de llegada al hospital. Así mismo promover a medio y largo plazo la dotación de algunos centros de referencia para evitar desplazamientos largos a pacientes cuyo traslado pueda suponer un empeoramiento de su estado de salud.
165. Instar al Gobierno de España a aprobar una Ley que garantice los derechos de las personas en el proceso de atención al final de su vida, incluyendo tanto el derecho a los cuidados paliativos como el derecho a la muerte digna y la despenalización de la eutanasia.
166. Promover la legalización de la marihuana terapéutica. Avanzar en la línea que marcó el Parlamento de Cantabria el 29 de marzo de 2017 con una PNL aprobada por unanimidad, en la que instaba al gobierno de España a regular el cannabis terapéutico.
167. Mejorar el Servicio de Urgencias, proporcionando un mayor número de profesionales y una mayor calidad, desde el triage hasta la resolución de la urgencia.
168. Promover que el Servicio Cántabro de Salud cubra la salud bucodental y visual, a corto plazo hasta los 20 años, (urgencias a cualquier edad), y a medio-largo plazo, que se cubra de forma universal.
169. Potenciar campañas de salud preventiva a través de políticas públicas que favorezcan el diagnóstico rápido, la disminución de enfermedades y los costes de su tratamiento.
170. Atender a las reclamaciones de quienes trabajan en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), garantizando unas condiciones de trabajo dignas y la calidad del servicio.
171. Aumento de la participación e inversión en el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC), como una herramienta fundamental para la evaluación del impacto del sistema sanitario, de los determinantes sociales y de las desigualdades en salud en nuestra Comunidad Autónoma.
172. Creación de un Plan de Salud Sexual que incluya políticas de prevención del VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual en todos los ámbitos, incluidos el laboral y educativo, así como políticas y legislaciones encaminadas a la no estigmatización de las personas que viven con el VIH. Facilitación del acceso a la prueba rápida del VIH, creación de centros de salud sexual y de ITS destinados a la población general, así como apoyo a su realización en entidades sociales que trabajen con colectivos específicos.
4.4. Servicios Sociales
El sistema público de Servicios Sociales ha sido nombrado IV Pilar del Estado de Bienestar Social, cuyo fin es perseguir la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible. Cantabria ha sufrido una metamorfosis social tras la crisis económica, creándose un nuevo modelo de sociedad, lo que deriva en la necesidad de modificar las políticas sociales y elaborar normativas que definan sus competencias, con el fin de atender a las nuevas y crecientes necesidades de la población cántabra.
Es por ello, que desde Cantabristas defendemos la creación de un modelo de Servicios Sociales más fortalecido, para lograr una sociedad más justa, cohesionada y equitativa.
173. Creación de un modelo unificado de Servicios Sociales de Atención Primaria municipales, que cuente con el número de personal cualificado establecido atendiendo tanto a la ratio, como a los indicadores sociodemográficos de exclusión social, garantizando así, una respuesta cercana y rápida a las necesidades sociales.
174. Mejoras en la red de comunicación y coordinación entre los distintos sistemas de atención pública (servicios sociales, sanidad, justicia y educación). Proponemos fortalecer las competencias de cada sistema, evitando convertir al sistema público de Servicios Sociales como subsidiario ante la falta de atención desde otros servicios.
175. Garantizar el salario social básico a las personas con bajos ingresos o sin ellos, con una cuantía suficiente para satisfacer las necesidades sociales básicas. Creemos en un proceso de tramitación más ágil y eficaz, simplificando la documentación requerida y facilitando el acceso de las personas receptoras en los programas de inserción sociolaboral.
176. Incrementar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la programación, control y evaluación de las políticas y actuaciones de los Servicios Sociales sin discriminación alguna.
177. Apostar por el reconocimiento de los profesionales en sus contratos laborales, para lo que proponemos la creación de una normativa que obligue a certificar los estudios requeridos con el fin de evitar el intrusismo y el abuso laboral.
178. Apoyar y luchar desde Cantabria por la creación de una Ley de Educación Social, que regule la figura de los Educadores y Educadoras Sociales, como profesionales imprescindibles para abordar problemáticas sociales con actuaciones específicas y que contribuya a la creación de nuevos ámbitos educativos y formativos.
179. Promover la creación de equipos multidisciplinares en todos los centros de atención primaria, con el fin de ofrecer una atención más personal y especializada.
180. Agilizar los procesos de sustitución ante las bajas laborales. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en riesgo o exclusión social, es importante cuidar la atención ofrecida, evitando situaciones de abandono temporales ante la gravedad de muchas de las problemáticas que se atienden.
181. Garantizar el acompañamiento y apoyo profesional a la población. Reconocer la importancia de la intervención profesional frente a las prestaciones económicas, otorgando más tiempo y recursos económicos a medidas preventivas como el cumplimiento de la ratio y al respeto de los tiempos de intervención comunitaria.
4.5. Dependencia
Los seres humanos somos dependientes y necesitamos de los demás para vivir, no solo durante los primeros años o en la vejez, sino también en otros momentos de vulnerabilidad. Además, hay personas que por determinadas características físicas o mentales requieren de muchos más cuidados durante toda su vida. Esta tarea de cuidar a las personas dependientes ha recaído habitualmente en las mujeres. Aunque la Ley de Dependencia de 2006 supuso un avance, la crisis económica y los recortes sociales han reducido la cuantía de las ayudas y dejado fuera a muchas personas que podrían acogerse a esta ley. Desde Cantabristas consideramos que el cuidado de las personas dependientes es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y que por tanto las administraciones deben apostar por avanzar hacia un modelo donde la atención a la dependencia sea parte fundamental del estado de bienestar.
182. Aplicación efectiva de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
183. Agilizar y facilitar el proceso de tramitación de las ayudas estipuladas por la Ley de Dependencia, con el fin de minimizar el tiempo de espera y acceso a las mismas.
184. Aumento de la ratio de profesionales en atención a la dependencia mediante un programa de formación que permita la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad.
185. Dotar de una financiación adecuada a los Centros de Atención a la Dependencia dependientes del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de avanzar hacia un modelo en el que se prioricen los centros públicos frente al modelo concertado y las privatizaciones.
186. Promover procesos formativos de calidad para personas cuidadoras, facilitando la conciliación familiar y el acceso a los mismos, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de Cantabria
187. Invertir recursos económicos y humanos para fortalecer los servicios como la teleasistencia o ayuda a domicilio, con el fin de promover que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar y enriqueciendo así, una atención centrada en la persona.
188. Aumentar las auditorías a las residencias privadas y concertadas. Resulta necesaria la colaboración de los servicios sociales e inspección de trabajo para certificar que los centros tienen personal cualificado, garantizando que las personas destinatarias reciban la atención precisa.
189. Ampliación progresiva de las residencias de mayores dependientes del Gobierno de Cantabria que permita el fin de las listas de espera.
190. Impulsar una deducción autonómica del IRPF para las familias que tienen contratadas a personas cuidadoras de menores o dependientes, con el doble objetivo de contribuir a mejorar su situación económica y favorecer la regularización de las trabajadoras y trabajadores.
4.6. Sistema de Garantía de Ingresos
El Sistema de Garantía de Ingresos se refiere a los mecanismos públicos que garantizan un nivel de ingresos suficiente para las personas que, por no percibir ningún otro tipo de prestación, no contarían con medios económicos para desarrollar una vida en condiciones dignas. En Cantabria, la principal herramienta de Garantía de Ingresos es la Renta Social Básica (RSB), gestionada desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Como consecuencia de la crisis económica, el aumento de la pobreza ha transformado el perfil de usuario de Servicios Sociales, distorsionando aún más su función como herramienta de inclusión social y trasladando sobre esta área el peso de la gestión de un número mayor de prestaciones económicas. Aunque generalmente están estrechamente relacionadas, la pobreza y la exclusión son fenómenos de diferente naturaleza y que deben afrontarse como tal. Por eso, proponemos trasladar las políticas de lucha contra la pobreza hacia el Sistema de Garantía de Ingresos, trasladando la gestión a otros ámbitos de la Administración y permitiendo que los Servicios Sociales puedan centrar sus esfuerzos en el ámbito de la inclusión y promoción social.
191. Impulsar una reforma de la Renta Social Básica (RSB), a través de una reforma de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, con el objetivo de aumentar su cuantía y alcance, garantizando un nivel de ingresos digno para las personas beneficiarias de esta prestación.
192. Realizar un estudio para el traspaso de la gestión de la Renta Social Básica desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) al Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria (EMCAN). El objetivo es posibilitar el trabajo de los Servicios Sociales en su ámbito de actuación específico, así como profundizar en la naturaleza de la Renta Social Básica como un Derecho Garantizado, separando el sistema de Servicios Sociales del sistema de Garantía de Ingresos.
193. Reformar la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, para posibilitar la percepción de la Renta Social Básica de forma complementaria con el empleo, siempre que no se alcancen unos ingresos mínimos en la unidad de convivencia.
4.7. Vivienda
A pesar de la existencia de más de 40.000 viviendas vacías en Cantabria, el efecto de la crisis hipotecaria ha convertido el acceso a la vivienda en un derecho que no se está cumpliendo de facto. La sociedad civil ha respondido exigiendo que Cantabria tenga una Ley de Vivienda que garantice el uso social de la misma por medio de un parque público de vivienda y suministros básicos garantizados.
194. Aprobación de la Ley de la Vivienda de Cantabria promovida por la PAH, con medidas para la defensa de un uso social de la vivienda.
195. Blindar el derecho a la vivienda y trabajar por la paralización de desahucios sin alternativa habitacional.
196. Creación de un Parque Público de Vivienda en alquiler social.
197. Promover la salida al mercado de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, fondos de inversiones, el SAREB y otras entidades bancarias.
198. Gestión del parque público de vivienda (Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos y obtenidos de grandes tenedores) por parte de los Servicios Sociales sin el uso de sorteos y con criterios de urgencia y necesidad.
199. Garantía de suministros básicos, con la prohibición de suspensión de servicios a familias y personas en riesgo social.
200. Creación de un Cuerpo de Inspectores de Vivienda que garantice el cumplimiento de la ley y su régimen sancionador.
201. Plan de rehabilitación de inmuebles para la mejora de la eficiencia energética lo que favorecerá la dinamización del sector de la construcción y la creación de nuevos puestos de trabajo.
202. Facilitar el proceso de tramitación y concesión de la actual ayuda al alquiler por medios telemáticos o usando los registros auxiliares de los ayuntamientos para evitar viajes innecesarios a Santander.