El partido cantabrista denuncia que el nuevo Decreto del Gobierno del PP hace retroceder de forma “alarmante e inexplicable” las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad, favoreciendo “la proliferación de infraviviendas que no cumplen los estándares mínimos para que una persona o familia pueda vivir dignamente”
Cantabristas ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto por el que se regula las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad de las viviendas en Cantabria. Con este Decreto, el Gobierno del PP plantea eliminar la cédula de habitabilidad como requisito para constituir una vivienda y flexibilizar las condiciones para que un espacio sea habitable, rebajando la superficie mínima hasta los 25m², lo que permitiría la transformación de muchos locales comerciales en viviendas.
“El objetivo de la desregulación que plantea el PP es facilitar la proliferación de infraviviendas”, ha declarado el portavoz del partido cantabrista, Paulu Lobete. Y es que, rebajar los estándares de habitabilidad y seguridad como se recoge en el proyecto de Decreto, hace que “vayamos para atrás hasta condiciones que no se contemplaban desde hace más de treinta años”. En su opinión, el “objetivo no declarado” de Buruaga es la conversión indiscriminada de locales comerciales en viviendas, “sin tener en cuenta las necesidades de planificación urbana y sin garantizar que estas viviendas cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad y seguridad”. Por eso, Cantabristas ha presentado alegaciones para “salvaguardar el bienestar y la seguridad de todos y de todas frente a quienes solo buscan maximizar sus beneficios privados”.
Además, desde Cantabristas consideran que esta modificación “alarmante e inexplicable” no está justificada ni es necesaria. De hecho, fuentes del propio Gobierno han explicado a la prensa que la modificación responde a una reclamación particular de la Asociación de Promotores y Constructores, y no a una demanda o necesidad social. En este sentido, Lobete ha denunciado que el Gobierno de Buruaga “confunda” el interés particular con el interés general, “contraviniendo los principios más básicos de una buena regulación”
