Para Cantabria Sostenible –iniciativa de la que forman parte entidades como ARCA, Cantabristas, Cantabria No Se Vende, Madres por el Clima, Red Cambera, EQUO, Asamblea en Defensa de las Excavadas, ACPT y Ecologistas en Acción Cantabria–, el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo evidencia la ausencia de un modelo económico para Cantabria y es contrario al interés general.
Desde Cantabria Sostenible consideran que la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley del Suelo supondrá “la consolidación de un modelo dependiente y precario, basado en la construcción de viviendas y la promoción del turismo masivo como actividad principal”.
Para las entidades que forman la iniciativa, esta ley “propone destrozar el territorio y depauperar la economía, lo que producirá degradación ambiental, precariedad laboral, y fomento de la emigración de los jóvenes y la población que busca nuevas oportunidades”.
Según explican en un comunicado, “la normativa europea y la política territorial de las comunidades vecinas, garantizan la conservación del suelo rural evitando su transformación en urbano”, mientras en Cantabria se está apostando “por una Ley que conduce a agotar el suelo llenándolo de construcciones dispersas y de PSIRes para hacer norma lo que debería ser excepcional”, algo que, indican, “no es una opción lógica”.
En relación con el sector primario, desde Cantabria Sostenible señalan que esta Ley “abandona totalmente el sector primario de Cantabria y apuesta por dedicar sus espacios de actividad a la construcción” y, por ese motivo, “ley no se adapta a las necesidades de Cantabria, ni se supedita a la normativa actual, ni busca el interés general de la población”.
Por eso, señalan, representantes públicos “tienen el deber de actualizar su mentalidad y reorientar su gestión política al servicio del interés general de Cantabria” y, con ese objetivo, exigen la retirada del actual proyecto de Ley del Suelo, la derogación de la Ley de 2012 y el restablecimiento de la normativa de 2001, que permitiría, junto a otras medidas, como la aprobación del PROT, “potenciar el uso del suelo rural hacia las nuevas posibilidades agroalimentarias, forestales y otras similares”.
