El partido considera que la solución pasa por regular por ley que los bancos deban mantener un mínimo de servicios básicos de cajeros y oficinas en todo el territorio “para no dejar a nadie atrás”
Cantabristas ha denunciado que el Gobierno de Cantabria está “premiando a las entidades que han promovido la exclusión bancaria” con una concesión de dos millones de euros para la instalación de cajeros automáticos en los pueblos. La empresa que ha recibido esta “recompensa” es Euro Automatic Cash Entidad de Pago SL, propiedad en un 50% del Banco Santander, una de las entidades bancarias que más rápido ha ido desmantelando las oficinas en los pueblos, “dejando sin atención a muchas familias por mirar exclusivamente a sus intereses económicos”. En ese sentido, desde Cantabristas se han mostrado muy críticos con la actuación institucional: “Primero, permiten que los bancos cierren las sucursales, echando a sus trabajadores e imposibilitando el acceso a los servicios bancarios a las personas mayores. Después, recompensan a esos mismos bancos con dinero público para financiar sus cajeros, que, sin vergüenza ninguna, cobran comisiones a sus usuarios”.
En opinión del partido cantabrista, la solución pasa por regular por ley que las entidades bancarias deban mantener un mínimo de servicios básicos de cajeros y oficinas en todo el territorio “para no dejar a nadie atrás”. Así, han señalado que para eso “hace falta valentía política y saber defender los intereses colectivos en lugar de tener una actitud servil ante la banca”. Aunque la propuesta programática de Cantabristas sea la creación de una Banca Pública Cántabra, que compita con el sector privado y facilite crédito a empresas y particulares con criterios sociales y de desarrollo común, creen que debe actuarse “de forma urgente y regular la acción de las entidades bancarias privadas, que, mientras siguen ampliando sus beneficios privados, reducen servicios y maltratan a sus clientes y trabajadores”.
Indudablemente, el acceso a los servicios bancarios es hoy en día algo imprescindible de lo que no pueden desentenderse las instituciones públicas. Las personas mayores y de la tercera edad son las mayores damnificadas, dadas las dificultades y la constante transición a lo digital que caracterizan a la banca privada en la actualidad. Por eso, Cantabristas apunta que el Gobierno “no puede abandonar a las personas mayores a su suerte, pues esto supone una evidente discriminación que empeora notablemente la calidad de vida de la tercera edad, especialmente de la que viven en los pueblos más pequeños”.
