El partido cantabrista ha detectado una serie de duplicidades e incongruencias administrativas que incidiría negativamente en la operatividad de las empresas navieras cántabras, así como una falta de alineación con los marcos jurídicos y los acuerdos internacionales en materia de seguridad y sostenibilidad
Cantabristas ha presentado alegaciones contra la “chapucera e inoperante” Ley de Ordenación del Transporte Marítimo que quiere impulsar el Gobierno de Cantabria, al haber detectado en ella una serie de duplicidades e incongruencias administrativas que incidiría negativamente en la operatividad de las empresas navieras cántabras. En opinión del partido cantabrista, el anteproyecto que ha presentado la Dirección General de Transportes, “no responde a necesidades sociales ni económicas, y parece más bien un reglamento sancionador pensado como mecanismo recaudatorio, que una norma que busque la operatividad, eficiencia y seguridad del tráfico marítimo en aguas dentro del ámbito territorial de Cantabria”.
En este sentido, desde Cantabristas han señalado la falta de alineación de esta Ley con los marcos jurídicos y los acuerdos internacionales en materia de seguridad y sostenibilidad -de obligado cumplimiento dado su rango superior vinculante- como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974) o el Real Decreto 1247/1999, que establece las reglas y normas aplicables a las embarcaciones que realizan travesías entre puertos españoles. Según el equipo jurídico cantabrista, todos estos errores burocráticos exigirían a los armadores una duplicación de esfuerzos administrativos que no está justificada ni en términos de eficiencia ni de necesidad”.
Además, en sus alegaciones el partido cantabrista ha querido señalar la “evidente falta de colaboración consulta y orientación técnica con los principales agentes implicados -operadores marítimos, autoridades portuarias, asociaciones profesionales y usuarios del servicio-.
