El tasazo de basuras del Ayuntamiento de Santander no es solo una tasa: es el reflejo de una gestión que renuncia a una verdadera economía circular

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Cantabristas considera que el llamado “tasazo” de basuras, que el Ayuntamiento de Santander aplicará a partir de enero de 2026, no es simplemente una tasa más, sino el síntoma de una manera de entender la gestión pública que ha dejado pasar una oportunidad histórica.

Una tasa sin visión global

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desarrollada a raíz de las Directivas Europeas 2018/851 y 2018/852, no busca únicamente financiar el servicio de recogida de basuras. Su objetivo es mucho más ambicioso: reducir la generación de residuos, mejorar la recogida selectiva, promover el reciclaje y reactivar la economía local a través de un modelo sostenible. Para ello, la ley contempla un amplio abanico de instrumentos económicos, educativos y sociales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Santander ha decidido quedarse solo con la parte que le permite cobrar. Ha aprobado una tasa que se calcula en función del número de personas empadronadas en cada vivienda, ignorando el volumen real de residuos generados, las rentas de los hogares o el compromiso ambiental de las familias. Mientras tanto, el resto de medidas que contempla la ley —la implantación del contenedor marrón, los incentivos al reciclaje, los sistemas de pago por generación, la educación ambiental o el apoyo a la economía circular— siguen sin aplicarse.

Una oportunidad desperdiciada

La economía circular no consiste únicamente en pagar más por tirar la basura. Implica cerrar los ciclos de producción y consumo, reducir envases, fomentar la reparación y reutilización, y crear empleo verde local. Ciudades de todo el Estado y de Europa ya están aprovechando esta oportunidad para modernizar sus sistemas de gestión de residuos, conectar la educación ambiental con los colegios, o impulsar empresas sociales y cooperativas dedicadas al reciclaje, la compostaje o la reparación.

Santander, sin embargo, ha optado por lo más fácil: trasladar el coste al recibo de las familias, sin acompañarlo de ningún plan que mejore el servicio ni reduzca los residuos. El resultado es que el servicio de basuras sigue funcionando mal, los contenedores se desbordan, y la recogida selectiva apenas ha avanzado en los últimos años.

Falta de compromiso real

Un Ayuntamiento verdaderamente comprometido con la sostenibilidad habría utilizado esta ley para impulsar un cambio de modelo:

● Implantar el contenedor marrón en toda la ciudad.

● Poner en marcha un sistema de pago justo por generación, donde quien más contamina más paga.

● Desarrollar programas educativos y de sensibilización ambiental permanentes.

● Fomentar el consumo local y la reparación de productos.

● Crear incentivos y bonificaciones reales para quienes reciclan y reducen residuos.

Nada de eso se ha hecho. En su lugar, el Ayuntamiento ha preferido mantener el mismo modelo privatizado, en el que las empresas concesionarias se benefician de un servicio público que cada año cuesta más y funciona peor.

Una llamada a la responsabilidad

Desde Cantabristas queremos dejar claro que no nos oponemos a la Ley 7/2022 ni a sus principios, que son necesarios y urgentes. Lo que cuestionamos es su aplicación parcial y simplista, que convierte una herramienta de transformación ambiental en una mera operación recaudatoria.

Santander necesita una política de residuos que combine justicia social, sostenibilidad y eficacia. No una tasa que castigue por igual a todas las familias, sino un modelo que premie los comportamientos responsables, reduzca la huella ecológica y devuelva confianza a la ciudadanía.

En definitiva, el problema no es el tasazo, sino el modelo. Un modelo que demuestra que el Ayuntamiento de Santander no ha entendido que la economía circular no es un trámite legal, sino una oportunidad para construir una ciudad más limpia, más justa y más resiliente.

Cantabristas reitera su compromiso con una gestión pública transparente, participativa y sostenible, y reclama la paralización del tasazo hasta que el Ayuntamiento presente un plan integral que cumpla con la ley y con los objetivos europeos de reducción de residuos y protección ambiental.

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