Cuidar nuestra tierra y medio ambiente

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta política de Cantabristas es defender el territorio y el medioambiente, luchando contra las políticas del hormigón y el ladrillazo que destrozan nuestros pueblos y condenan nuestros montes para el beneficio privado de las multinacionales energéticas o las constructoras. Debemos dejar atrás esa mentalidad esquilmadora que ya ha destrozado nuestra costa y que está pujando ahora por devorar nuestros entornos naturales de interior, a través de legislaciones nefastas como la actual Ley del Suelo, que ha desregulado el suelo rústico dejándolo a merced de las prácticas caciquiles de las políticas del hormigón.

No basta con lanzar proclamas al aire y enorgullecerse de la belleza de nuestro territorio: hay que protegerlo y cuidarlo para que las generaciones venideras puedan disfrutar de él. Para ello, debemos comprender la delicada situación ecosistémica que afrontamos a raíz del escenario de crisis climática y la destrucción que han provocado y provocan las políticas del hormigón. Debemos establecer normativas que regulen los usos de los suelos y una ordenación del territorio que, garantizando la protección de nuestro medio ambiente, nuestro entorno y nuestros paisajes, permita un desarrollo urbanístico social y ecológicamente responsable.

5.1. EMERGENCIA CLIMÁTICA

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades de todo el mundo. Por un lado, requiere una transformación profunda del modelo energético y productivo para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, la prevención y la adaptación a las transformaciones que ya se han iniciado. La falta de una adecuada acción del Estado y del Gobierno autonómico respecto al cambio climático hace esencial y urgente la implicación de Cantabria en un marco tan determinante y global como el climático.

En este contexto, Cantabria debe desarrollar una legislación a la altura de la situación, continuando el ejemplo iniciado por otras Comunidades Autónomas, que ya han dado pasos importantes para tomar la iniciativa en la transformación social que esta situación requiere.

Impulso de una Ley de Crisis Climática y Transición Energética que apueste por un modelo económico que tenga en cuenta los límites del sistema ecológico, proponiendo una progresiva adaptación a un futuro sin energías fósiles.
Elaboración de inventarios anuales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas a infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.
Adoptar medidas encaminadas a lograr el máximo nivel de autosuficiencia energética en edificaciones tanto residenciales como industriales.
Implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética, especialmente dirigidos a la movilidad y el sector residencial.
Adaptar los edificios dependientes de la Administración, progresivamente, al uso de energías renovables, realizando estudios de eficiencia energética.
Apuesta por un modelo de urbanización compacto que reduzca los desplazamientos a través de transporte particular.
Fortalecimiento del sistema de transporte público con el fin de reducir las emisiones de gases contaminantes, desarrollando el modelo cántabro de transportes.
Apuesta por las fuentes de energía renovables, concretada en la realización de estudios objetivos de ubicación con el menor impacto de distintos tipos de energía, determinando así la idoneidad de la introducción de cada una (energía solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica…).
Aplicación de medidas de ordenación territorial frente a las inundaciones que reduzcan la vulnerabilidad de población y bienes a los efectos de las cada vez más frecuentes avenidas fluviales y fenómenos costeros.
Fomento de medidas que optimicen el consumo de agua, promocionando el ahorro y la eficiencia en los sistemas de distribución, reduciendo la aplicación de herbicidas y fitosanitarios, mejorando los tratamientos terciarios en depuración y reutilización de aguas residuales depuradas.
Protección de los reservorios de agua subterránea, en particular del que se extiende entre San Vicente de la Barquera y la zona de San Román.
Promover la eliminación del uso de sopladoras para la limpieza de calles por los efectos contaminantes para el medioambiente y la salud de las personas.
Establecer una política de “cero impacto” de las actividades humanas del sector primario en la biodiversidad y los procesos naturales mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, técnicas de bio- y eco-ingeniería, y economía circular.
Generar una cultura y economía de la restauración ecológica que permita recuperar diferentes atributos de los ecosistemas en zonas degradadas para conseguir paisajes más resilientes a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, zonas arboladas para ayudar a la infiltración y recarga de acuíferos, recuperación de suelos, filtros verdes y humedales para la retención de agua, sedimentos y nutrientes, etc.

5.2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La planificación territorial es una herramienta estratégica para el desarrollo de Cantabria. Su interés principal reside en su función integradora de todas las políticas sociales, económicas, ambientales y de vivienda, siendo su fin último alcanzar un desarrollo racional en todas las escalas del territorio. El suelo es un bien social finito, por ese motivo la política territorial y urbanística debe estar basada en un análisis de las necesidades y recursos, garantizando la rentabilidad no sólo económica sino también social y ambiental de las actuaciones sobre el territorio.

En las últimas décadas, Cantabria se ha visto inmersa en unas dinámicas territoriales que han dado como resultado un consumo excesivo y descontrolado del suelo. La falta de una adecuada planificación territorial ha permitido que estas transformaciones se hayan desarrollado con muy pocos obstáculos legislativos, deteriorando de forma acusada muchos de los paisajes de Cantabria. Debemos revertir estas dinámicas y marcar un cambio de rumbo.

Aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio como herramienta principal de gestión territorial.
Derogación de la Ley del Suelo en todo lo relativo a la definición y usos del suelo rústico, apostando por la protección del suelo fértil y la limitación estricta de la construcción de vivienda al suelo urbanizable.
Establecimiento en la Ley del Suelo de una limitación estricta de los cambios de uso de edificaciones, poniendo medidas para evitar que puedan transformarse en viviendas unifamiliares edificaciones de otros usos en suelo rústico de protección ordinaria.
Elaboración de planes de gestión adecuados para los distintos montes de utilidad pública (MUP), estableciendo delimitaciones y compatibilidades entre los distintos usos en el medio natural (conservación de la naturaleza, ganadería, ocio, explotación forestal…).
Realización de estudios sobre las bolsas de suelo improductivo, en desuso o degradados que ofrezcan alternativas a la intervención en suelos de valor.
Limitación estricta de la herramienta de los PSIRes, asegurando su aplicación exclusivamente para proyectos en los que se justifique adecuadamente su beneficio en el interés general de la población, por lo que apostamos por establecer la imposibilidad de aprobar los PSIRes cuando ya existan superficies disponibles para los usos alegados, como sucede actualmente con el suelo industrial.
Revisión del modelo de funcionamiento de la CROTU, garantizando que se cumple estrictamente con la legalidad, y asegurando la transparencia en su funcionamiento.
Prohibición de edificar en zonas con riesgo de inundación, pudiendo implantarse únicamente actividades compatibles con una zona susceptible de sufrir inundaciones.
Otorgar mayor seguridad jurídica a los suelos clasificados como Suelo Rústico de Protección Especial, de forma que se evite su reclasificación arbitraria o su inmediata disposición para sondeos de fracking, prospecciones mineras, etc.
Protección de los suelos de alto valor agrológico (ZAE), otorgándoles la categoría de reserva de suelo.
Priorizar de forma efectiva la urbanización en suelos vacantes existentes en el suelo urbano, fomentando así un modelo de ciudad/núcleo compacto.
Fomento de la rehabilitación de viviendas vacías, en estado de ruina o fuerte deterioro de las que se sea propietario y en las que no se resida habitualmente, con el objetivo de promover su conservación o -en el caso de no hacerse frente a la rehabilitación- fomentar su venta.
Elaboración de una normativa de estilos arquitectónicos que sirva de referencia a todas las administraciones y particulares y tenga carácter vinculante, con el objetivo de preservar los estilos arquitectónicos autóctonos de las diferentes comarcas de Cantabria y minimizar el impacto paisajístico de las nuevas construcciones, así como orientar y establecer criterios para la rehabilitación de edificios.
Ordenar los montes de utilidad pública para poder coordinar los esfuerzos de las entidades locales con los esfuerzos de planificación a nivel autonómico y establecer los mecanismos de compensación necesarios para aquellos que proveen servicios ecosistémicos de regulación (por ejemplo, frente a erosión, inundaciones…) hacia otras localidades aguas abajo.
Fomentar la zonificación de actividades productivas, de restauración ecosistémica o de conservación en función de la mejor localización potencial para cada uso agrario, ganadero, forestal, conservación de la biodiversidad o provisión de servicios ecosistémicos de regulación (erosión, sequías, inundaciones, fuego…).

5.3. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Cantabria alberga una alta variedad de ecosistemas de gran valor ecológico. De la adecuada protección y conservación de estos hábitats naturales depende el futuro tanto de nuestra flora y fauna silvestres como de los elementos geomorfológicos y paleontológicos. Al mismo tiempo, la puesta en valor de este patrimonio natural es clave para fomentar la sostenibilidad en el uso turístico de nuestros recursos naturales, contribuyendo de esta manera a la salvaguarda de nuestros paisajes y de sus procesos ecológicos fundamentales.

Para lograr estos objetivos es necesario afrontar de forma seria y decidida las exigencias en materia de conservación de hábitats y de protección de aguas que emanan de las directivas europeas de conservación de la naturaleza. De igual modo, atendiendo a las particularidades de Cantabria, se deberán acometer desde nuestra administración las modificaciones legislativas oportunas para asegurar la adecuada gestión de nuestros recursos ambientales, así como el desarrollo de planes y programas específicos.

Promover el cumplimiento de la obligación de aplicar los adecuados planes de gestión (PORN, PRUG…) en la red de Parques Naturales, así como dotar de planes de gestión al resto de espacios de la Red Natura 2000.
Apuesta por la erradicación de las especies invasoras a través de un plan que implique la promoción de programas de empleo público en la eliminación de invasoras, así como la coordinación con otras Comunidades Autónomas vecinas que comparten la misma problemática.
Aplicación de medidas de prevención activa en la gestión forestal, con el fin de evitar los incendios antes de que se produzcan: aplicación efectiva del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (PEPLIF).
Ampliación de los cuerpos de guardas y bomberos forestales que se destinan de la plantilla total a labores de prevención de incendios forestales, como las quemas controladas o los trabajos de carácter preventivo.
Endurecer las exclusiones de la subvención de la PAC de aquellos pastos que hayan sido quemados.
Introducir estrategias educativas pedagógicas para concienciar a la población sobre los riesgos de las malas prácticas de gestión forestal y regeneración de pastos.
178. Promover la herramienta de la Custodia del Territorio a través de la intermediación entre entidades de custodia y particulares, con el fin de facilitar acuerdos de colaboración y conservación de espacios sin una gestión adecuada.
Ahondar en el apoyo a proyectos de conservación de fauna autóctona.
Protección efectiva del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Público Marítimo Terrestre, así como garantizar la conservación y uso sostenible de las aguas y ecosistemas fluviales.
Regulación de las técnicas de corta y saca de madera de plantaciones forestales, ajustándolas a criterios ambientalmente sostenibles y respetuosos con el medio.
Prohibición de las talas indiscriminadas de especies autóctonas en montes dependientes de la Administración.
Creación de un plan de acción y protección de La Viesca, declarada como Área natural de interés especial.
Puesta en valor del arbolado de los núcleos urbanos a través de su protección efectiva e incremento de los espacios arbolados urbanos.

5.4. BIENESTAR ANIMAL

Una sociedad más justa, libre y consciente es también una sociedad preocupada por el bienestar de los animales con los que convivimos. Afortunadamente, la mayoría de la sociedad cántabra cada vez está más sensibilizada y repudia la crueldad hacia los animales. En este sentido los partidos políticos mayoritarios no han sabido estar a la altura y escuchar las demandas de la sociedad. Cantabristas propone una serie de medidas que garanticen un trato correcto y eliminen aquellas prácticas crueles y degradantes a los animales.

Eliminación de las subvenciones públicas y de la cesión de espacios públicos destinados a la tauromaquia, así como a cualquier otra fiesta o actividad en la que se maltraten animales.
Elaboración de una nueva Ley Autonómica de protección de los animales domésticos, tomando en cuenta las opiniones de las protectoras y los colectivos animalistas.
Promover ante el Gobierno central la reducción del IVA en los servicios veterinarios del 21% al 10%, igual que se aplica a quienes son titulares de explotaciones ganaderas.
Creación de un bono veterinario para cubrir los gastos de las familias con menos recursos en los cuidados relacionados con los problemas de salud, así como en la identificación, vacunación y desparasitación de los animales de compañía.
Creación de un programa de apoyo económico y técnico a las entidades protectoras de animales y a los refugios y santuarios de animales heridos o abandonados.
Reconocimiento legal a la figura del santuario animal y dotación de medios económicos.
Fomento de la esterilización con el objetivo de lograr el sacrificio cero de perros y gatos.
Desarrollo de planes concretos de sensibilización contra el abandono y el maltrato animal.
Incremento de las responsabilidades sobre los perros empleados para cazar a través de regulaciones que impidan su abandono.
Aumento de las exigencias para la obtención del permiso de caza.
Reconocimiento de los perros de caza como animales de compañía y la incorporación de formas de maltrato animal específicas para su condición, que están relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Recuperación de los consensos del anterior Plan de Gestión del Lobo en cuanto a la consideración del lobo como especie no cinegética, promoviendo la participación de todos los agentes implicados.
Persecución efectiva del furtivismo, dotando de más recursos la vigilancia, prevención y actuación contra el mismo.