Fortalecer nuestros derechos

En Cantabristas trabajamos por conseguir una tierra en la que se pueda vivir dignamente, salvaguardando los derechos básicos que permitan el libre desarrollo de todas las personas. Queremos avanzar sin dejar a nadie atrás, independientemente de su identidad, procedencia, condición o necesidades. Para ello, debemos atender a las especificidades de aquellos grupos de población o colectivos que históricamente han sido invisibilizados por no adaptarse a las exigencias de un sistema desalmado que prioriza lo productivo frente a lo humano.

Queremos una Cantabria sin ningún tipo de violencia, ni explícita, como las agresiones físicas, ni implícita, como la invisibilización o el no reconocimiento en cualquier ámbito de la vida. Vamos a trabajar para que las personas con diversidad funcional sean tenidas en cuenta y se contemple su existencia en todos los espacios; para que las personas migrantes sean tratadas como iguales sin excepciones; para que nuestros y nuestras mayores vivan en entornos amigables, sensibles y que no les abandonen; para garantizar la igualdad real de todas las personas independientemente de su género, orientación sexual o identidad; haciendo política para todas las personas y escuchando sus preocupaciones.

Proponemos medidas concretas para avanzar en la obtención de todos estos derechos y, en definitiva, para caminar hacia la igualdad en la diversidad en Cantabria. Para avanzar hacia una tierra que garantice el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, las personas mayores, el colectivo LGTBI, las personas migrantes y las personas con diversidad funcional.

7.1. FEMINISMOS

Somos una fuerza política comprometida con la construcción de una nueva sociedad en la que exista plena libertad y no haya ningún tipo de discriminación ni violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El feminismo no es solo un discurso o una propuesta, sino que utiliza una perspectiva propia para analizar la construcción patriarcal del mundo en todas las esferas (económica, social, cultural, laboral, política…), y, así, poder articular una respuesta a la discriminación y a la violencia que sufrimos las mujeres, porque, si solo se miran los datos globales, si no se aplica la perspectiva feminista, una propuesta que de entrada puede ser buena, puede pasar a repercutir negativamente en la vida de muchas mujeres.

Pese a la existencia de legislación contra la violencia de género y por la igualdad, los datos que se extraen sobre la situación de las mujeres en Cantabria no son positivos. Por ello proponemos seguir trabajando por la igualdad real y efectiva.

    1. Garantizar la ejecución de la Ley 2/2019 de Cantabria para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con un compromiso de cumplimiento efectivo que incluya presupuestos y plazos para la ejecución de todas sus medidas. Debe, además, darse a conocer a la ciudadanía de forma transparente y pública.
    2. Llevar a cabo una política sancionadora ante el incumplimiento de la Ley de Igualdad y la no aplicación de los Planes de Igualdad de las empresas.
    3. Suministrar los recursos necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual en lo que atañe a las competencias de nuestra Comunidad Autónoma.
    4. Con el fin de prevenir las violencias, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo el ámbito digital, se impulsarán campañas informativas con el objetivo de: combatir los estereotipos de género y las creencias que sustentan las violencias sexuales; identificar las distintas situaciones del ciclo de la violencia de género y pautas de actuación y ofrecer herramientas a los hombres y adolescentes para promocionar la toma de responsabilidad en los grupos de iguales como elemento fundamental de los agentes del cambio.
    5. Aplicación efectiva de lo establecido en la Ley 2/2019 de Cantabria para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en relación con los medios de comunicación social y medios de comunicación privados.
    6. Crear una Escuela Virtual de Igualdad de Cantabria como un recurso de educación no formal y asesoramiento, con tres líneas de funcionamiento:

a) Una primera línea de formación online sobre los orígenes y soluciones de la discriminación y opresión por razón de género, raza, diversidad funcional o de género y sobre la masculinidad tóxica.

b) Una segunda línea destinada a las familias que soliciten asesoría y formación para educar en igualdad.

c) Una tercera línea que trabaje para combatir los bulos.

  1. Protección de mujeres en situación de vulnerabilidad social. Creación de programas y financiación específica para mujeres migrantes y desplazadas, víctimas de trata y explotación, familias monomarentales, víctimas de agresiones sexuales, mujeres en situación de dependencia y/o con discapacidad, así como sus cuidadoras, mujeres mayores, y cualquier otro colectivo que a causa de la feminización de la pobreza y la discriminación por causa de género requieran de un apoyo y atención especializada.
  2. Fomento de la adopción y acogida para familias o personas que consideren esta opción. Trabajar por el mantenimiento de la prohibición sobre la práctica de los “vientres de alquiler”, también denominada “gestación subrogada”.

7.2. LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

La violencia machista se manifiesta como la representación más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho de serlo y comprende diferentes formas: toda conducta de malos tratos psicológicos; malos tratos físicos; malos tratos económicos; agresiones, abusos, acoso y explotación sexual; mutilación genital; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos y, en general, cualquier actuación que lesione la dignidad e integridad de las mujeres. Estos tipos de violencias no son una cuestión individual, sino social porque, al tiempo que las mujeres que las sufren lo hacen de manera individual, el mensaje repercute de forma colectiva sobre el conjunto de mujeres, de niñas y niños perpetuando así una estructura patriarcal que atenta contra sus libertades.

Según los datos oficiales, en los últimos 20 años 1.196 mujeres en el Estado español han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Si además computamos los asesinatos de mujeres en manos de hombres con los que no mantenían relación afectiva, los datos son muy superiores. Desde el año 2012 vemos como han aumentado tanto las denuncias, como las medidas judiciales de tipo penal y civil y los delitos ingresados (que llegan a los juzgados y fiscalías). Las cifras evidencian que desde las instituciones no se está haciendo bien el trabajo de prevención a través de la coeducación y la formación y sensibilización de la sociedad. Esta es una de las reclamaciones del movimiento feminista que entendemos fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa. Es precisamente la fortaleza del movimiento feminista lo que nos puede ayudar a garantizar los derechos de las mujeres frente al auge de la extrema derecha que niega la existencia de la violencia contra las mujeres y exige la eliminación de las leyes que la contemplen.

    1. En cumplimiento con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual proponemos trabajar en el ámbito autonómico para garantizar:

a) La puesta en marcha de una campaña por la adaptación de la legislación estatal y autonómica al Convenio de Estambul. Este convenio aborda de manera más completa la violencia sexual, la persecución y castigo a los agresores y contabiliza los asesinatos de mujeres independientemente de su relación con el homicida.

b) La reforma de la Ley Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus víctimas y dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento íntegro de la nueva ley.

c) La formación en prevención de la violencia de género, la LGTBfobia, y el racismo a los agentes de la Policía local, nacional y Guardia Civil con el fin de garantizar un trato adecuado a las mujeres que sufren violencia, a las personas racializadas y la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género al colectivo LGTBI.

d) La elaboración periódica de informes sobre el cumplimiento y efectividad de las órdenes de alejamiento con el objetivo de comprobar su impacto y la adecuada respuesta ante los quebrantamientos.

e) El desarrollo de medidas específicas de acción preventiva de situaciones de violencia machista o riesgo de ella.

f) El apoyo al movimiento asociativo que desarrolle actividades de sensibilización y prevención.

g) La puesta en marcha de planes de formación y sensibilización para el personal judicial.

h) Los recursos necesarios a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos e hijas para poder continuar con su vida: vivienda, empleo, ayudas económicas, becas, formación, atención psicológica, etc.

i) La creación de un servicio especializado de prevención y atención integral a jóvenes en salud afectivo-sexual.

j) La aplicación de los protocolos estatales e internacionales en materia de ginecología y obstetricia y promoción de las buenas prácticas a través de la formación y sensibilización de los y las profesionales sanitarias.

7.3. DIVERSIDAD DE GÉNERO

La lucha colectiva por la diversidad de género logró en 2020 la obtención de la primera Ley LGTBI de Cantabria. A pesar de ser una gran noticia para el movimiento, esta victoria no se consiguió sin trabas y sin obstáculos por parte de los partidos del Parlamento de Cantabria, que terminaron por dejar fuera reivindicaciones del proyecto de ley muy importantes. Además, las crecientes amenazas lanzadas desde sectores reaccionarios de ultraderecha y transexcluyentes hacen más necesario que nunca trabajar para que esos derechos conquistados no retrocedan y que se amplíen más, materializándose de manera real y repercutiendo en la mejora de la vida del colectivo LGTBI cántabro.

    1. Ampliación y mejora de la Ley LGTBI (Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre) y la dotación de recursos para cumplir con las normas así establecidas en la misma ley y en la Ley LGTBI y Trans estatal. Para ello proponemos:

a) Crear un área especializada pública de información, prevención y atención a las personas LGTBI que lo necesiten.

b) Redactar protocolos LGTBI concretos y que incluyan sanciones específicas en caso de su incumplimiento.

c) El reconocimiento de las personas no binarias que visibilice y garantice su existencia a nivel legal en todos los registros administrativos.

d) El reconocimiento de las personas migrantes LGTBI para que sean benefactoras de estos derechos.

e) Garantizar el uso seguro por parte de todas las personas trans de vestuarios, baños y cualquier espacio que segregue por cuestión de género.

f) La gratuidad de los trámites administrativos para el cambio de nombre y sexo registral.

  1. Aprobación de una Ley Trans cántabra que aborde de manera individualizada las preocupaciones y necesidades del colectivo desde una perspectiva integral: sanitaria, educativa, laboral, etc. Una ley que, además, elimine completamente cualquier atisbo de patologización y que otorgue a las personas trans el pleno derecho a la identificación.
  2. Apoyo institucional por parte de los municipios y del gobierno autonómico a la celebración de la fecha reivindicativa del Orgullo lésbico, gay, trans y bisexual; así como de las fechas 31 de marzo (día de la visibilidad trans), 26 de abril (día de la visibilidad lésbica) y 23 de septiembre (día internacional de la Bisexualidad) y el compromiso de adoptar el 17 de mayo como Día Internacional contra la LGTBIfobia, desarrollando acciones y campañas de sensibilización que visibilicen la apuesta por la diversidad y la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI.

7.4. DIVERSIDAD FUNCIONAL

Es una cuestión de justicia que la diversidad funcional no condicione la participación de ninguna persona en nuestros entornos. Más a menudo de lo que nos gustaría nos encontramos con barreras, tanto psicológicas como físicas y arquitectónicas, que impiden la movilidad y el desarrollo libre de la vida y la personalidad de todos y todas. Como sociedad, tenemos un compromiso por la igualdad de oportunidades y desde las instituciones públicas tenemos el deber de garantizarlo. Tras la aprobación de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, consideramos fundamental:

  1. Garantizar la accesibilidad universal a todos los servicios y transportes. Tenemos la obligación de eliminar las barreras que dificultan o impiden el acceso a los servicios a las personas con diversidad funcional.
  2. Garantizar la accesibilidad a la administración electrónica autonómica y local que facilite su participación social y política.
  3. Promover la participación en política de este colectivo para que puedan aportar su experiencia en la toma de decisiones.
  4. Incorporar los derechos de las personas con diversidad funcional como un contenido transversal en las políticas públicas.
  5. Garantizar el apoyo a personas con discapacidad en asuntos judiciales y el ejercicio de los derechos ante la Justicia, contando con mediadores y personal especializado.

7.5. DIVERSIDAD ÉTNICA Y DE ORIGEN

Cantabria tiene la responsabilidad de ser un lugar acogedor para todas las personas que vivan en ella, independientemente del lugar del que procedan. Somos una sociedad diversa, nacemos en diferentes lugares del mundo y nuestros hábitos culturales son distintos. Esta diversidad nos enriquece como sociedad en todos los planos y nos empuja a ser mejores. En nuestro proyecto para Cantabria no hay lugar para el racismo y la xenofobia. Por todo ello, debemos avanzar contra todas las formas de discriminación hacia las personas migrantes:

  1. Desarrollar un Plan contra los bulos y estereotipos xenófobos y racistas. Este plan debe contar con la participación de múltiples agentes, tanto institucionales como sociales; desde el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos, a medios de comunicación, asociaciones, partidos políticos y ONG.
  2. Apoyar y promover propuestas que identifiquen la diversidad cultural como un valor positivo y que busquen formar e informar sobre culturas minoritarias.
  3. Promover medidas contra la discriminación y garantía de igualdad para los colectivos más vulnerables, como la comunidad gitana y la población migrante.
  4. Promover la mediación intercultural en el ámbito de los Servicios Sociales, fortaleciendo el trabajo social y comunitario.

7.6. PERSONAS MAYORES

Nuestra tierra debe afrontar como un valor positivo la convivencia de personas con distintas edades y distintas situaciones personales y vitales. Las condiciones de vida y los avances en materias de salud y medicina han propiciado el aumento de la longevidad, que se plasma en un envejecimiento demográfico de la población cántabra al que debemos prestar atención. De hecho, los problemas de las personas mayores también afectan, directa o indirectamente, a todas las personas de menor edad, en su condición de familiares o convivientes.

Dejando a un lado el pesimismo y las posturas condescendientes hacia las personas de mayor edad, entendemos que la longevidad y el envejecimiento deben ser abordados desde las políticas institucionales como oportunidades para transformar nuestra sociedad para hacerla más inclusiva. Todo ello, desde una perspectiva de lucha firme contra el edadismo, rechazando los estereotipos y cualquier discriminación negativa que puedan sufrir las personas mayores, y fomentando una imagen positiva, activa y saludable de la vejez. La edad no es algo negativo, sino una etapa más de la vida a la que se llega con capacidades diversas y, cada vez más, en momentos diferentes de la vida. Por eso, planteamos:

  1. Realizar programas de envejecimiento activo que fomenten la actividad física, la salud mental y el bienestar emocional de las personas mayores.
  2. Apoyo a la creación de Redes de Apoyo de Cercanía, con el objetivo de combatir la soledad no deseada en personas mayores.
  3. Integración de forma transversal de las personas mayores en las políticas públicas, a través de la creación de un Observatorio de las Personas Mayores, con la participación de las Consejerías y representantes de la sociedad civil.
  4. Ofrecer cursos de capacitación en habilidades digitales para ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología o que tienen dificultades para usarla, así como cursos de formación en diferentes materias y disciplinas académicas a través de los Centros de Educación de Personas Adultas, apostando por la educación a lo largo de la vida.
  5. Promover servicios fundamentales para personas mayores como son el acceso a la información y asuntos bancarios, trámites con las administraciones públicas y entidades privadas, comunicación y transporte adaptado.
  6. Promover la formación del personal y la dotación del personal necesario para el asesoramiento y orientación de las personas mayores que lo necesiten, en su relación con la Administración Pública.
  7. Realizar acciones para recuperar la vida social y comunitaria intergeneracional en los entornos rurales y en los barrios, fomentando la participación de las personas mayores.
  8. Promover la recuperación de las tradiciones y fiestas de los pueblos como espacios simbólicos indispensables para generar comunidad y mantener viva la memoria y la identidad de nuestros pueblos.