Un nuevo modelo político y económico

Cantabria necesita un nuevo modelo, un nuevo rumbo. Debemos abandonar la improvisación, la política a corto plazo y las políticas impuestas desde Madrid. Nuestro objetivo es establecer los mecanismos necesarios para planificar y establecer las bases de una Cantabria sostenible, justa, solidaria y socialmente justa a largo plazo.

La transformación que necesita Cantabria implica necesariamente que planifiquemos y construyamos nuestro futuro desde nuestra propia experiencia de vivir y trabajar en esta tierra, reivindicando y reclamando la capacidad de decidir sobre los asuntos que nos afectan en nuestra vida diaria.

Partiendo de las conquistas de quienes lucharon por convertir esta tierra en una Comunidad Autónoma hace ya más de 40 años, debemos avanzar hacia un modelo de autogobierno que sea capaz de afrontar los grandes retos de Cantabria, pues el actual se ha mostrado incapaz de hacerlo. Desde el cantabrismo vemos necesaria la profundización de nuestra autonomía para lograr que las decisiones políticas y económicas que afectan nuestra vida cotidiana se tomen en nuestra tierra, sin que vengan dirigidas y orquestadas por despachos a cientos de kilómetros de distancia, o que estén condicionadas por intereses partidistas ajenos al bien común y colectivo.

Por eso, en Cantabristas defendemos una Cantabria que avance por la senda de la soberanía, para fortalecer las bases democráticas de nuestra tierra y garantizar que las instituciones cántabras sirvan para defender los intereses, la voluntad y las necesidades de la gente que habita esta comunidad, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más libre, justa e igualitaria.

2.1. AVANZAR EN EL AUTOGOBIERNO

En Cantabristas sostenemos la tesis de que gran parte de los problemas que tiene Cantabria solo puede solucionarse a través de la reestructuración jurídico-normativa de la política, haciendo hincapié en la importancia de reformar el actual Estatuto de Autonomía para adaptarlo a los grandes retos de esta época. En este sentido, apostamos por acompañar estos cambios con la reorganización territorial del espacio administrativo de la Comunidad, desarrollando definitivamente la delimitación comarcal e implementando sus competencias, así como por el fomento e impulso decidido de la participación social, con protagonismo popular.

2.1.1. Una Cantabria de comarcas y concejos

Las comarcas han sido la base de la organización tradicional del territorio de Cantabria. Son una seña de identidad territorial importante que, en la actualidad, no cuenta con reconocimiento institucional. La comarcalización de Cantabria es, a nuestro juicio, además de una previsión establecida en el artículo segundo del Estatuto de Autonomía, una asignatura pendiente del desarrollo autonómico. El desarrollo de las comarcas constituye una de las principales tareas pendientes de las instituciones de Cantabria y, en ese sentido, consideramos que es un paso necesario para la apertura de una nueva etapa en nuestro autogobierno, que ponga en el centro la cohesión y vertebración social y territorial.

Además de una seña de identidad territorial, las comarcas son un mecanismo útil para gestionar los recursos, las comunicaciones y el transporte; especialmente en las zonas rurales, así como una oportunidad para prestar servicios de forma más eficaz y con mayor calidad a todas las personas que habitan Cantabria. Contribuyen, en ese sentido, a garantizar los derechos de la gente en los municipios de menor población a la hora de acceder a los servicios públicos en condiciones similares a las de los municipios más poblados.

Por otra parte, la comarcalización es una apuesta por superar el marco municipal en materias como la ordenación del territorio o los transportes, donde la experiencia ha demostrado que es necesario trabajar en un ámbito territorial más amplio y donde es necesario contar con una serie de recursos materiales y personales que la comarca puede garantizar en mayor medida que cada uno de los 102 municipios de Cantabria. Así sucede en muchos otros ámbitos donde la gestión conjunta que ofrecen las comarcas viene a ofrecer soluciones a los principales retos a los que se enfrentan nuestros pueblos y ciudades.

Así mismo, desde Cantabristas valoramos la importancia de los Concejos como herramienta de democracia directa, que ha sido utilizada desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Reconocemos su valor histórico y simbólico como parte de la cultura democrática del pueblo cántabro y trabajamos por su preservación y revitalización en el presente y el futuro.

Desarrollar las comarcas a partir del marco que establece la Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comarcas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para lo que se impulsarán leyes específicas para la creación de cada una de las entidades comarcales que articulan históricamente el territorio de Cantabria. La delimitación de las comarcas debe partir de un debate profundo en el que deben participar las instituciones autonómicas y las entidades locales, así como el conjunto de agentes, entidades y organizaciones sociales.
Apostar por la organización y gestión comarcal de las competencias que dicta la Ley 8/1999, en materia de Ordenación del territorio y urbanismo, protección del medio ambiente, acción social, cultura, deportes, promoción del turismo, artesanía, ferias y mercados comarcales, protección de los consumidores y usuarios, protección civil y prevención y extinción de incendios, transportes, Patrimonio Histórico Artístico y servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Aprovechar el desarrollo de las comarcas para delegar en las mismas funciones autonómicas que se realicen en su territorio, como las obras y servicios o la asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica a los municipios. Creemos además que este último punto debería extenderse a los Concejos Abiertos y a las Juntas Vecinales, dado que su carestía de medios económicos les impide, en muchas ocasiones, cumplir con los procedimientos administrativos.
Crear oficinas de asistencia en materia de registro de ámbito comarcal, plenamente interoperables con la Administración autonómica y local, y con personal suficiente y formado no solo para atender las necesidades en materia de registro sino también para ejercer labores de asesoramiento y acompañamiento en las gestiones administrativas de las personas que lo requieran.
Crear la figura de la asesoría comarcal, para atender a las necesidades en el ámbito administrativo de Juntas Vecinales y Concejos Abiertos. Una herramienta que sirva para asesorar en el ámbito económico y de procesos administrativos y legislativos a dichas entidades.
Apostar por la pervivencia y revitalización de los Concejos Abiertos como forma de organización política en el ámbito local, derogando la reciente ley de Entidades Locales Menores y creando una nueva que contribuya a revitalizar y recuperar los concejos abiertos y su naturaleza como institución democrática comunitaria y los dote de personalidad y competencias.
Favorecer que la relación entre Gobierno Autonómico y los municipios sea fluida y en sintonía a las propuestas de interés general para la ciudadanía.

2.1.2. Reforma del Estatuto de Autonomía

En el marco del actual Estatuto de Autonomía es posible, a día de hoy, desarrollar muchas competencias que, por decisión de los partidos que han dirigido nuestra Comunidad Autónoma en las últimas décadas, han sido desatendidas. No obstante, aunque hay margen de desarrollo competencial dentro del actual marco estatutario, sí resulta necesaria una reforma que nos dote de mayores competencias y un mayor autogobierno para tener una mayor capacidad de decisión en los asuntos que nos afectan. Con este fin, proponemos avances legislativos y una reforma del Estatuto de Autonomía para incluir los siguientes puntos:

1. El Estatuto reconocerá el derecho a constituir el Ámbito Socioeconómico Cántabro para promover el progreso económico y social de Cantabria y su población, basado en los principios de igualdad, solidaridad, cohesión, desarrollo sostenible, justicia social e igualdad. Esto incluirá:

a) Desarrollar un modelo financiero y fiscal propio, avanzando hacia el establecimiento de un concierto económico que garantice nuestra autonomía financiera y que atienda a nuestras propias peculiaridades sociales, territoriales y económicas, con el objetivo de garantizar nuestro autogobierno y desarrollo.
b) Asumir el derecho de poder desarrollar nuestro propio Marco de Relaciones Laborales, estableciendo la legislación social y laboral bajo la singularidad de nuestro mercado sociolaboral.

Instaurar el Lábaru como bandera oficial de Cantabria.
Establecer el 28 de julio como Día de Cantabria.
Cantabria es una comunidad de personas vinculadas por el territorio que habitan, su historia, tradiciones, cultura, formas organizativas, economía y, sobre todo, con conciencia colectiva de estos vínculos, así como voluntad de afirmarlos y desarrollarlos. Por eso, propondremos el reconocimiento de Cantabria como nacionalidad histórica en el Estatuto de Autonomía.
Desarrollo de un Título propio del Estatuto para el reconocimiento del derecho a la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos para que sean reales y efectivas, así como para facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social de Cantabria, reconociendo el derecho de los pueblos a conservar y fomentar la identidad propia.
Reconocimiento en el Estatuto de Autonomía del derecho de los cántabros y las cántabras a organizarse, participar y tomar decisiones vinculantes en sus respectivos ámbitos territoriales a través de instituciones tradicionales como los Concejos Abiertos.
Inclusión en el Estatuto de la posibilidad de libre adhesión de territorios históricos cántabros a la actual Comunidad Autónoma por elección democrática de sus ciudadanos.
Eliminación de la limitación antidemocrática del 5% para acceder al Parlamento, con la modificación del artículo 17 de la Ley 5/1987, de 27 de marzo, de Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria.
Asumir todas las competencias en materia de Administración de Justicia. Desarrollar en el Estatuto de Autonomía la competencia para recuperar el derecho civil consuetudinario de Cantabria.
Asumir las competencias necesarias para garantizar nuestro autogobierno y el modelo de desarrollo social y económico que los ciudadanos de Cantabria decidan, avanzando para situar a Cantabria entre las Comunidades con los mayores niveles de autonomía política.
Reclamar las competencias en materia de transporte ferroviario.

2.1.3 Una Cantabria participativa

El proyecto político de Cantabristas pasa, además de por una transformación del modelo económico y social, por una profundización democrática en todos los ámbitos, que contemple nuevos mecanismos de participación social en las decisiones, mecanismos de rendición de cuentas y garantías reales de transparencia en la información pública.

Durante la legislatura 2019-2023 se ha avanzado en la tramitación del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, que aún no ha llegado a aprobarse. A nuestro juicio, el documento con el que se está trabajando está vacío de contenido y permite a las Administraciones eludir su responsabilidad para con los procesos de participación, ya que desincentiva el uso de los canales directos y democráticos de la sociedad de Cantabria para canalizar sus demandas. Es una propuesta que deja fuera del ámbito de aplicación a las entidades locales, siendo precisamente un contexto en que es especialmente urgente avanzar hacia una mayor participación e implicación social, que permita superar el modelo del caciquismo y la opacidad en la toma de decisiones. Ante un proyecto de Ley que consideramos estéril, planteamos una serie de medidas que sirven para profundizar y ampliar el derecho a la participación en nuestra tierra, que fomentan la autonomía y la capacidad de la población para intervenir en los procesos públicos y que agiliza los trámites, favoreciendo además la cooperación entre las Administraciones a partir de los siguientes puntos:

Modificación del proyecto de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de dotarla de herramientas que faciliten la participación social en las instituciones autonómicas, como el Parlamento, que permitan la presentación de propuestas y preguntas haciendo más eficientes los trámites y apostando por un modelo de participación más directo, útil y eficaz. Así mismo, consideramos pertinente establecer un marco jurídico que facilite la gestión compartida y la autogestión de determinados espacios públicos.
Ampliar el ámbito de aplicación de la futura Ley de Participación Ciudadana a las entidades locales.
Incluir en la futura Ley de Participación Ciudadana la posibilidad de convocar consultas en el ámbito autonómico y local, procesos deliberativos y procesos de presupuestos participativos, así como facilitar la puesta en marcha de los procesos participativos previstos en la ley.
Habilitar el Portal de Participación como un espacio de verdadera participación social, que sirva también para facilitar la puesta en marcha de iniciativas y recogidas de firmas, dejando de ser un mero espacio de consulta unidireccional de la Administración a la sociedad.
Establecer mecanismos de interconexión del Portal de Participación autonómico con los de aquellas entidades locales que cuenten o decidan contar con portales o espacios de participación propios, permitiendo que las propuestas que impliquen a varias Administraciones siempre puedan salir adelante.

2.2. UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

En un contexto de transformación económica global, con grandes retos a la vista y una incertidumbre cada vez mayor, el modelo económico actual de Cantabria, por el que han apostado los principales partidos desde hace décadas, se ha revelado profundamente ineficaz e insostenible. Necesitamos un nuevo modelo económico que permita garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas, adaptado a la realidad actual, planteado a largo plazo y centrado en la sostenibilidad.

Para ello, necesitamos dotar a las instituciones cántabras de las herramientas, las ideas y las propuestas para afrontar los retos de esta época y para garantizar un futuro digno para una Cantabria digna. Con una financiación justa y sostenible, acorde con las necesidades de recursos de los servicios públicos, un sistema tributario justo y mecanismos institucionales que hagan posible la transformación del modelo productivo que nuestra tierra requiere.

2.2.1. Un nuevo sistema de financiación

A pesar de que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene, actualmente, la responsabilidad en la gestión de servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad, el modelo de financiación actual resulta insuficiente y, sobre todo, profundamente inestable para garantizar una adecuada gestión de esos servicios públicos. Desde Cantabristas apostamos por empezar a trabajar en un nuevo modelo de financiación para Cantabria, con el horizonte de la aprobación de un concierto económico, que permita que Cantabria se responsabilice de sus ingresos, además de seguir responsabilizándose de los principales gastos. El objetivo es garantizar el sostenimiento y la mejora de los servicios públicos, lograr recursos para la transformación del modelo productivo y tener mecanismos para el establecimiento de un sistema fiscal más justo. Por ello, proponemos:

Avanzar en nuestra autonomía fiscal, ampliando el ámbito competencial en materia tributaria y la participación en los tributos que actualmente son de competencia estatal.
Exigir al gobierno central la apertura de la negociación de un nuevo sistema de financiación para Cantabria, basado en el modelo de concierto económico, que implique la asunción de la capacidad normativa plena sobre los tributos y su gestión a través de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
Reforma del modelo de financiación local, para que sea la Comunidad Autónoma de Cantabria quien gestione y establezca el reparto de los recursos a los municipios, estableciendo mecanismos para garantizar una financiación suficiente a los municipios y que la misma se distribuya de manera justa y equitativa en todo el territorio, en función de los costes de prestación de los servicios.

2.2.2. Justicia tributaria

La política fiscal es un elemento fundamental para la redistribución de la riqueza. Apostamos por un sistema fiscal movido por los principios de equidad, progresividad, transparencia, eficiencia, suficiencia e igualdad. Un sistema fiscal adecuado a las necesidades de financiación de los servicios públicos, y que sirva a los objetivos de las políticas públicas, contribuyendo a reducir la desigualdad y al avance hacia un modelo económico más justo y sostenible.

Incrementar la justicia del sistema fiscal, como un elemento fundamental para la reducción de la desigualdad social.
Garantizar e incrementar la capacidad recaudadora del sistema tributario, a través de una reforma de IRPF aumentando la progresividad de este impuesto. Las rentas superiores a 100.000€ deberán contribuir en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos.
Modificación de los mínimos exentos del impuesto de patrimonio desde los 700.000€ actuales hasta los 300.000€ (excluyendo la vivienda habitual).
Modificación de la parte bonificada del impuesto de sucesiones y donaciones, que actualmente es total, en familiares de primer grado hasta los 400.000€ (excluyendo la vivienda habitual).
Establecimiento de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, cuya base imponible tenga en cuenta la cercanía con grandes núcleos de población y la superficie del establecimiento.
Creación de un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, con el objetivo de internalizar las posibles externalidades de la actividad turística. Los tipos de gravamen de este impuesto tendrán en cuenta el tipo de establecimiento o equipamiento turístico en base a tres niveles, siendo mayor el tipo de gravamen en establecimientos de 5 estrellas, seguido de establecimientos de 4 estrellas y finalmente de viviendas de uso turístico y el resto de equipamientos y establecimientos.

2.2.3. Banca Pública

La reforma financiera impulsada por PP y PSOE a partir del año 2010, de concentración en el sector financiero, provocó la desvinculación de las Cajas de Ahorros con su territorio, la conversión de éstas en bancos y la fusión de varias entidades, con la desaparición de Caja Cantabria. En el marco actual, el sistema financiero no ofrece las garantías suficientes para el desarrollo económico y la transformación del modelo productivo. Es por eso que proponemos impulsar desde el sector público medidas complementarias que contribuyan a la garantía de los derechos de las personas, así como a impulsar el nuevo modelo económico y la actividad económica de forma sostenible.

Creación de una Banca Pública Cántabra, que favorezca el crédito y la inversión en el desarrollo económico de Cantabria, así como el mantenimiento de los servicios bancarios al alcance de todas las personas. Con ese objetivo, apostamos por iniciar los trámites, solicitando al Banco de España que elabore la documentación necesaria para poder hacer la petición al Banco Central Europeo de la ficha bancaria para el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), transformándolo en una entidad bancaria pública, ampliando su ámbito de actuación y permitiendo la prestación de servicios bancarios al conjunto de la sociedad cántabra.
Exigir al Gobierno central la adopción de medidas para garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios bancarios, así como la puesta en marcha de mecanismos para impedir que las entidades bancarias puedan cerrar sucursales y cajeros en municipios considerados en riesgo de despoblación.