Un sistema público para la gente

Cantabristas plantea avanzar hacia un modelo de sociedad basado en la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivas. Para ello, es imprescindible apostar por un sector público potente y saneado y por políticas que beneficien a toda la gente, sin dejarse amedrentar por las grandes multinacionales que solo buscan el interés privado. El trabajo político del cantabrismo va orientado a garantizar la atención social básica (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales…) y a recuperar y avanzar en un Estado de Bienestar que nos fue robado tras los periodos de recortes que hemos vivido en las pasadas décadas.

Queremos una economía de futuro que persiga la creación de empleo estable, cualificado y justamente remunerado sin dejar a nadie atrás ni en los márgenes. Queremos infraestructuras públicas para impulsar ese desarrollo económico. Queremos servicios sociales que protejan a la gente, una sanidad universal gratuita y de calidad, una educación pública que prepare a nuestras jóvenes para el futuro, permitiéndoles conocer nuestra cultura e identidad. Queremos una Cantabria al servicio de las mayorías sociales, y que los recursos públicos, de todos y todas, sirvan para mejorar la vida de la gente que habita esta tierra.

6.1. EDUCACIÓN

En Cantabristas consideramos que la educación debe ser el eje vertebrador de toda la sociedad cántabra. Apostamos por un sistema educativo público, universal, de calidad y gratuito que se convierta en un elemento fundamental para la transformación social y el desarrollo integral de Cantabria. Entendemos la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades entre personas diversas, contribuyendo a la cohesión social. Por eso, proponemos un sistema educativo basado en el diálogo entre las partes que conforman la comunidad educativa sin olvidar los principios pedagógicos que envuelven la labor docente.

Entendemos que el futuro educativo de Cantabria pasa inexcusablemente por la coeducación, la igualdad y la no discriminación, que, aunque aparezcan mencionadas tanto en la legislación educativa actual como en la Ley de Igualdad, no son, a día de hoy, una realidad patente en la inmensa mayoría de centros educativos. La coeducación no es una asignatura, sino un sistema integral y transversal que trata de implementar la igualdad impregnando todas las especialidades, enseñanzas y materias. Para que ello pueda llevarse a cabo necesitamos, por supuesto, una dotación presupuestaria que permita coordinar el proceso e integrar los contenidos.

Por otro lado, debemos entender que la única manera de acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres es trabajando con los niños y las niñas a través del sistema educativo. Necesitamos referentes femeninos y masculinos en las aulas que rompan los estereotipos de género para que niños y niñas puedan elegir libremente la profesión que ejercer y para que no se reproduzcan patrones de conducta que atentan contra la igualdad. Necesitamos niñas empoderadas y niños comprometidos con el feminismo, sólo así conseguiremos una sociedad justa.

Desde la Consejería de Educación se ha desplegado durante esta legislatura una acción contraria a estos principios que planteamos. Se han tomado decisiones unilaterales, sin acuerdo con los sindicatos y en beneficio de la educación concertada. Se ha llegado, incluso, a concertar por primera vez la orientación educativa en centros privados. Esta situación debe ser revertida: los fondos públicos deben ser para los centros públicos. Por eso, debemos cambiar el rumbo y para ello, aportamos esta serie de propuestas.

6.1.1. Sistema educativo público y de calidad

Debemos organizar el sistema educativo cántabro en función de nuestras necesidades. Solo de esa manera podremos ofertar una educación de calidad. Entendemos que no es posible un sistema educativo de calidad sin capacidad política plena para dotarnos de una serie de mecanismos que garanticen a medio plazo una financiación educativa de, como mínimo, un 8% del PIB.

La inversión pública en educación debe estar orientada en todo momento a la mejora del sistema educativo público. Para ello necesitamos equipos de profesorado permanentes que permitan desarrollar los proyectos educativos a largo plazo, mejorando la calidad de la enseñanza y poniendo fin a la inestabilidad laboral del profesorado interino, que termina afectando negativamente la calidad educativa.

    1. Búsqueda de un acuerdo sobre la legislación educativa que permita trabajar a largo plazo y facilite el desarrollo de los proyectos educativos.
    2. Aumentar de manera progresiva la financiación del Sistema Educativo de Cantabria, como mínimo, según lo establecido en el Acuerdo por la Educación, suscrito por toda la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar de Cantabria en junio de 2017 y aprobado por el Parlamento de Cantabria en mayo de 2018 que establecía el objetivo de alcanzar el 8% del PIB en un plazo de 8 años.
    3. Gestión pública y directa por parte de la Consejería de Educación de todos los servicios prestados en los centros educativos.
    4. Mantener abiertos los centros públicos frente a los concertados de tal manera que, si hay un exceso de oferta o esta se duplica en una zona o localidad determinada, se mantenga la oferta pública y no se subvencione la oferta privada.
    5. Cierre de aulas a los centros concertados que no cumplen los requisitos de matrícula.
    6. Retirar el concierto económico a los centros que incumplan la legalidad.
    7. Recuperar la gestión pública de los equipos de orientación educativa de los centros privados suprimida de manera unilateral por la consejería.
    8. Poner en marcha una estrategia de apoyo a la escuela pública a través de campañas informativas que sean capaces de dignificar su labor, hagan más atractivos los centros públicos y logren aglutinar más alumnado.
    9. Aumentar la red pública de centros que ofertan aulas de 0-1 años. En la actualidad solamente hay 7 aulas en colegios públicos y 18 dependientes de Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria.
    10. Ofrecer recursos a los Ayuntamientos que lo necesiten para poder ampliar las ofertas de plazas en las guarderías municipales.
    11. Cumplir el acuerdo firmado en 2022 entre la Consejería y la Junta de Personal Docente por la reducción progresiva del número de estudiantes en las aulas en todas las etapas y niveles educativos hasta llegar como máximo a una ratio de 20 alumnas y alumnos por aula. Estas ratios se verán reducidas en los grupos que escolaricen alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y repetidor y en las unidades mixtas.
    12. Ampliar las instalaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas para poder hacer frente a la demanda de plazas y reducir las ratios garantizando así una educación lingüística de calidad y evitar la masificación, como en el caso de Torrelavega.
    13. Necesitamos mejorar los entornos escolares para que sean seguros y reducir la contaminación. Para ello proponemos un paquete de medidas:

a) Priorizar la movilidad peatonal y ciclista creando carriles libres de coche.

b) Reservar en los recintos o lugares aledaños espacios seguros para el aparcamiento de bicicletas o patinetes fomentando así su uso.

c) Revegetar los patios escolares para mejorar la calidad del aire y amortiguar el ruido.

d) Limitar el aparcamiento y el tráfico en las inmediaciones de las entradas a los centros.

e) Vigilar y hacer cumplir la normativa vial para que los entornos escolares sean seguros.

f) Fomentar los entornos escolares seguros y saludables en los Planes de Ordenación Urbana.

g) Impulsar la incorporación en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de medidas específicas de limitación del tráfico en entornos escolares.

  1. Potenciar las bibliotecas escolares mejorando su gestión, instalaciones, materiales y dotación. Garantizar que el profesorado responsable de este servicio disponga de suficiente reducción horaria y recursos para poder gestionar el servicio adecuadamente.
  2. Convocatoria de oferta de empleo público que reduzca la tasa de interinidad. La Administración convocará, como mínimo, todas las vacantes producidas y creará las necesarias para una atención educativa de calidad.
  3. Cobertura de vacantes y sustituciones desde el primer día de ausencia para facilitar el desarrollo del trabajo en los centros y no interferir negativamente en el aprendizaje de nuestro alumnado.
  4. Ampliar el número de cursos y de plazas que se imparten desde el Centro de Formación de Profesorado (CEP) con el objetivo de garantizar el derecho a una formación continua que tenga como ejes la innovación educativa, la formación didáctica y pedagógica y la inclusión de los contenidos de Cantabria en toda su dimensión histórica, geográfica, cultural, social, económica, etc.
  5. Recuperar la reducción de jornada del profesorado de más de 55 años que ya estuvo vigente en Cantabria hasta el año 2012 y que ya han vuelto a implantar otras Comunidades Autónomas.
  6. Incremento adecuado de la oferta pública de los estudios habilitantes para la docencia.
  7. Coordinar la compra de material entre centros que impartan las mismas titulaciones para facilitar los trámites administrativos en las licitaciones.

6.1.2. Avanzar sin dejar atrás a nadie

Desde las instituciones tenemos la obligación y el deber de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa para todo el alumnado, prestando especial atención a mitigar las desigualdades socioeconómicas y apoyando al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo facilitando todos los recursos necesarios. Para ello, la Atención a la Diversidad debe ser el un eje vertebrador que potencie el refuerzo y el apoyo educativo.

Además, es importante tener en cuenta la igualdad en los derechos de los niños y niñas de toda Cantabria, independientemente de dónde vivan o estudien. Si queremos combatir la despoblación rural y conseguir pueblos vivos es importante ampliar la cobertura del sistema educativo, para que nadie tenga que desplazarse largas e incómodas distancias por no tener cerca oportunidades formativas. Debemos ampliar la cobertura de la educación pública al 100% del territorio.

  1. Elaboración de un Plan Integral para la Escuela Rural, con el objetivo de paralizar su desmantelamiento, añadiendo centros y recursos garantizando los mismos servicios complementarios y medios que a los centros urbanos.
  2. Realización de planes piloto, enmarcados en el Plan Integral para la Escuela Rural, para la reapertura de escuelas rurales, en coordinación con actuaciones en todos los ámbitos, con el objetivo de fijar población y revitalizar estas áreas.
  3. Apostar por una Plan de Refuerzo Educativo Complementario (PREC) más ambicioso que tenga en cuenta dos cuestiones: las necesidades específicas del alumnado, cuyo acceso al PREC no puede estar condicionado por el transporte; y la calidad del empleo creado, las contrataciones tienen que depender de la Consejería de Educación.
  4. Continuar desarrollando el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) dirigido al alumnado vulnerable y a centros de especial complejidad educativa.
  5. Internalizar la ejecución del programa PROA+, mejorando las condiciones de las personas contratadas en el mismo.
  6. Dotar a los centros de los recursos, profesionales y espacios necesarios para que los Departamentos de Orientación y la Unidades de Orientación de los centros escolares garanticen la asistencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación educativa.
  7. Aumentar los recursos del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) para poder ofrecer soluciones inmediatas en todo tipo de cuestiones que afectan al alumnado: salud mental, indicios de abandono familiar, abandono escolar, etc.
  8. Puesta en marcha de un plan de actuación para combatir el abandono escolar.
  9. Implantación y mejora de ayudas económicas para el comedor, fijando precios asequibles para el resto del alumnado.
  10. Becas de estudio en todos los niveles para asegurar la continuidad de los estudios teniendo en cuenta como criterios la situación económica familiar y la distancia entre su vivienda y el centro de estudios.
  11. Promover la gestión pública del transporte escolar con la elaboración de una Ley de Transporte Escolar de Cantabria para garantizar el derecho al transporte escolar en todos los niveles educativos.
  12. Llevar a cabo un estudio de las localidades de las que procede el alumnado para mejorar el diseño de las rutas de autobús de manera que se puedan reducir los tiempos de llegada.
  13. Ampliar el servicio de autobuses al alumnado de Bachiller y de Formación Profesional de manera gratuita. Actualmente sólo tienen cubierto el transporte escolar quienes realizan estudios de educación obligatoria, quedando el alumnado mayor de 16 años con graves dificultades para acceder a los centros de estudio.
  14. Creación de un programa de becas para alumnado que termine su formación en el conservatorio en la banda municipal de Torrelavega.
  15. Financiar materiales de carácter fungible para que el alumnado, especialmente el que esté en peor situación socioeconómica, no tenga que realizar un gran esfuerzo económico para estudiar.

6.1.3. Educación para ganar el futuro

El proyecto educativo que propone Cantabristas para nuestra tierra se rige por los principios de la igualdad, la laicidad y la universalidad. Creemos que es importante promover una enseñanza que ayude a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, a cuidar nuestro entorno y a respetar a todas las personas con las que convivimos. Además, consideramos necesario hacer hincapié en el conocimiento de Cantabria, de su cultura, su historia, sus paisajes y sus gentes; utilizando estos aprendizajes para aprender a valorar y respetar todas las culturas del mundo. Así mismo, vemos que, de forma tan importante como conocer la tradición, debemos formar a las futuras generaciones para que sepan desenvolverse en este mundo en constante cambio y modernización.

  1. Apostar por una educación laica e instar al Estado a tomar medidas para que la materia de religión deje de formar parte del currículo escolar ni tenga presencia en los centros educativos, puesto que la difusión de la fe religiosa corresponde al ámbito privado.
  2. Promover ayudas para la creación y publicación de material didáctico desde la Consejería de Educación que nos permita no depender de las editoriales, con especial interés en las materias optativas de Patrimonio Histórico Artístico de Cantabria y Patrimonio Natural de Cantabria, que ante su reciente implementación no disponen de libros ni materiales específicos.
  3. Elaboración de material didáctico sobre Cantabria, en coordinación con el Instituto Cántabro de Cultura y Patrimonio y la Universidad de Cantabria.
  4. Impulso y puesta en marcha de programas de formación destinados a la población de Cantabria para conocer nuestra historia, cultura, etnografía, geografía y naturaleza.
  5. Promover el estudio de las lenguas del Estado español en la Escuela Oficial de Idiomas. La oferta actual incluye la enseñanza de alemán, francés, inglés, italiano y portugués, no así las lenguas cooficiales de diferentes Comunidades Autónomas.
  6. Creación de la Unidad de Igualdad y Coeducación que cumpla las funciones de asesoramiento a centros educativos en materia de igualdad y coeducación, detección, prevención y actuación frente a la violencia machista y de elaboración de materiales curriculares fundamentados en el principio de igualdad entre mujeres y hombres, pero que además aporten perspectiva LGTBI, multirracial y de diversidad funcional.
  7. Dotación, a quienes ostenten el cargo de representante de igualdad, de formación, recursos y horas lectivas para poder desarrollar su trabajo.
  8. Trabajar por la creación de una asignatura de Educación afectivo-sexual que incluya la diversidad sexual y de género e integre contenidos apropiados en función de la edad, en todos los niveles educativos y con las adaptaciones y apoyos necesarios para el alumnado con necesidades educativas específicas, y en colaboración con el ámbito sanitario.
  9. Implementación de un plan integral contra el acoso y la violencia en los centros, dotando de herramientas al personal docente y los equipos de orientación psicopedagógica para poder aplicar los protocolos de prevención, actuación y mediación escolar vigentes destinados a evitar la violencia, el insulto o el acoso escolar en todas sus dimensiones.
  10. En el marco del plan integral contra el acoso y la violencia en los centros, actuación preventiva sobre la violencia de género, el racismo y la LGBTIfobia a través de campañas informativas/formativas en los centros escolares.
  11. Respetar y cumplir con las expectativas de la Ley 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, revisión y reescritura de los protocolos LGTBI de actuación para centros educativos planteando medidas concretas, realistas y efectivas para luchar contra el acoso escolar dirigido al colectivo LGTBI contando para todo ello con las asociaciones LGTBI de Cantabria.
  12. Desarrollo de un Plan de Salud Laboral para el profesorado con especial atención a la salud mental.
  13. Desarrollo de la figura de coordinadora o coordinador de bienestar en los centros.
  14. Diseño de programas de intervención en centros educativos en el ámbito de la salud mental.
  15. Trabajar por conseguir, a largo plazo, la existencia de al menos un profesional de la psicología por cada centro educativo.
  16. Dotación de los recursos necesarios a los PIIE para poder ejecutar los proyectos que se desarrollan en los centros educativos de Cantabria.
  17. Dotación suficiente de equipos informáticos (ordenadores, tablets, proyectores…) y espacios para su uso, así como un acceso wifi de calidad.
  18. Mejorar el mantenimiento de los equipos digitales con la intervención de profesionales informáticos dependientes del Gobierno de Cantabria, no sólo ante averías e incidencias, si no de forma regular.

6.2. UNIVERSIDAD

Al igual que el resto del sistema educativo, la educación universitaria debe ser un servicio público universal, de calidad y gratuito. Pero, además, consideramos que la Universidad debe de ser no solo un lugar de encuentro académico, sino también cultural y de divulgación. Creemos en una Universidad abierta a la comunidad y con una oferta cultural al servicio de todas las personas. La Universidad, además de ser una herramienta de formación, que contribuye al desarrollo personal y social, abre la oportunidad de transformar la producción de conocimiento en oportunidades económicas y sociales que contribuyan a cohesionar y vertebrar Cantabria. Para ello proponemos:

  1. Afianzar el contrato-programa con el Gobierno Autonómico, alargando su vigencia a periodos de cuatro años y estableciendo unas bases sólidas que garanticen una estabilidad más allá de los cambios políticos a nivel autonómico.
  2. Establecer un incremento de la financiación de la Universidad de Cantabria para alcanzar, a medio plazo, un mínimo del 1,5% del PIB, con el fin de que pueda mantener su plantilla y renovarla gradualmente sin que aumenten las tasas y el precio de la matrícula.
  3. Establecer un presupuesto específico para la investigación y la formación de investigadores (becas predoctorales y contratos de proyectos) contratados en la UC, así como para la internacionalización de los mismos (becas postdoctorales).
  4. Contribuir a la internacionalización de estudiantes, PDI y PAS con una dotación específica que permita tanto la salida como la recepción de miembros de la comunidad universitaria y establezca alianzas con universidades extranjeras.
  5. Desincentivar desde el Gobierno Autonómico la implantación de titulaciones en otros centros universitarios que ya se oferten en la Universidad de Cantabria y que no ofrezcan las garantías necesarias.
  6. Apoyar y promover las líneas de investigación centradas en las necesidades propias de Cantabria y que permitan el posterior desarrollo económico, social y cultural de la misma, con especial incidencia en la inversión en I+D+i y el fomento de los institutos de investigación vinculados a la Universidad de Cantabria.
  7. Fomentar la dinamización y el crecimiento del personal investigador, apoyando los programas de doctorado de calidad en todos los campos del conocimiento.
  8. Modificar la normativa del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, especialmente en lo referente a su composición.
  9. Garantizar la comunicación y el transporte en los campus universitarios, apostando por los medios de transporte públicos y respetuosos con el medio ambiente.
  10. Cambio de criterios de acceso a las becas en educación universitaria de la comunidad autónoma, ampliando su alcance y cuantía, modificando sus criterios de concesión para evitar el solapamiento con las becas del Ministerio de Educación.
  11. Promover la rebaja en los costes de las segundas y terceras matrículas universitarias.
  12. Realizar un estudio de las necesidades del mercado laboral para implementar carreras universitarias que no se oferten en la Universidad de Cantabria, pero de las cuales haya demanda, así como incrementar el número de plazas ofertadas en titulaciones de alta demanda o interés social.
  13. Estudiar la creación del Grado en Comunicación Audiovisual, dentro de la estrategia de creación de un espacio audiovisual cántabro.
  14. Fomentar las letras y las humanidades a partir del proyecto del CIESE-Comillas, aprovechando la inversión ya realizada e imbricando el centro en las redes de instituciones docentes y culturales con presencia en el extranjero.
  15. Fomentar la creación de nuevas facultades en Torrelavega (pudiendo recoger así las demandas para la formación deportiva) y de un edificio multidisciplinar para uso estudiantil. De esta forma se daría respuesta a la reivindicación del alumnado universitario y el sector educativo en Torrelavega aumentaría su protagonismo y generaría una mayor dinamización económica y poblacional.

6.3. SANIDAD

La sanidad es un derecho básico y universal y, por lo tanto, debe ser completamente accesible para todas las personas, gratuita y de calidad. La garantía de este derecho, implica necesariamente que la Administración pública cuente con una financiación vinculada a las necesidades de la población.

Cantabria tiene que contar con la financiación adecuada para tener un sistema sanitario eficiente y capaz de satisfacer las necesidades de una población cada vez más envejecida demográficamente. Las carencias que tiene actualmente nuestro sistema parten, por un lado, de la falta de financiación por parte del Gobierno central, y, por otro lado, son fruto de unas políticas neoliberales que han visto en la Sanidad pública un negocio para algunas grandes empresas. Tenemos un claro ejemplo de esto con la progresiva privatización de los servicios no asistenciales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, realizados durante la legislatura 2011-2015 y que el actual ejecutivo no ha revertido. Además, el estado de las listas de espera y otros servicios sanitarios ha quedado marcado por las consecuencias de la crisis del COVID, que la Consejería de Sanidad no ha sabido mitigar.

Urge por tanto dar un giro a estas políticas y apostar por lo público con el objetivo último de acabar con las externalizaciones y tener una sanidad totalmente pública, gratuita y universal. En el ámbito sanitario, apostamos por el refuerzo de la Atención Primaria, como pilar fundamental del sistema, la ampliación de la cartera de servicios y la creación de un Plan de Salud Mental y un Plan de Salud Sexual, así como la apuesta por políticas de planificación, evaluación y transparencia.

    1. Revisión y auditoría de todos los contratos de las externalizaciones realizadas por el Servicio Cántabro de Salud.
    2. Garantizar una financiación estable y suficiente del Servicio Cántabro de Salud, así como la elaboración de presupuestos más ajustados a la realidad, que contemplen las necesidades y medidas de mejora del sistema sanitario público a corto, medio y largo plazo.
    3. Recobrar el poder sobre la gestión y control del Servicio Cántabro de Salud (SCS), así como de las actividades desarrolladas en la sanidad pública y del personal sanitario, con el fin de ofrecer un recurso de salud pública que se encuentre a la altura de las necesidades de nuestra población.
    4. Aumento de la participación e inversión en el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC), como una herramienta fundamental para la evaluación del impacto del sistema sanitario, de los determinantes sociales y de las desigualdades en salud en nuestra Comunidad Autónoma.
    5. Implementar políticas públicas encaminadas a acabar con las desigualdades en salud, a partir de la actuación sobre los determinantes sociales de la salud, así como sobre las formas de acceso, las prácticas y la estructura del propio sistema sanitario.
    6. Promover la Atención Primaria como pilar fundamental del sistema de salud, realizando una revisión y ampliación de la cartera de servicios.
    7. Promover mejoras en el acceso a la sanidad en zonas aisladas y/o poco habitadas, a corto plazo con ambulancias especiales que faciliten la atención y acorten los tiempos de llegada al hospital. Así mismo, promover a medio y largo plazo la dotación de algunos centros de referencia para evitar desplazamientos largos a pacientes cuyo traslado pueda suponer un empeoramiento de su estado de salud.
    8. Garantizar la correcta aplicación de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria a fin de cumplir con la transparencia exigible en lo relacionado con las listas de espera. En la actualidad, la página del Centro Cántabro de Salud solo publica la lista de espera quirúrgica.
    9. Dotar al Servicio Cántabro de Salud de mayores y mejores recursos con el fin de reducir la elevada tasa de listas de espera, que sitúa a Cantabria como la segunda comunidad del Estado con un índice mayor en este ámbito y reducir el número de pacientes que han utilizado centros privados por la superación de los tiempos máximos garantizados por la Ley de garantías.
    10. Destinar los recursos necesarios a la apertura de nuevos quirófanos cumpliendo así con la demanda de hospitales como el de Laredo.
    11. Apostar por la mejora de las condiciones laborales de profesionales sanitarios que permita fijar al personal que esté trabajando y cubrir las necesidades de la plantilla.
    12. Mejorar el Servicio de Urgencias, proporcionando un mayor número de profesionales y una mayor calidad, desde el triage hasta la resolución de la urgencia.
    13. Servicio gratuito de conexión wifi y televisión en los centros hospitalarios.
    14. Atender a las reclamaciones de quienes trabajan en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), garantizando unas condiciones de trabajo dignas y, con ello, la calidad del servicio.
    15. Promover la creación de un convenio autonómico que proteja y asegure las condiciones laborales del personal auxiliar de enfermería, en el cual se reconozca su profesión y se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo las contrataciones respetando el grupo profesional que les corresponde, así como el salario y los derechos laborales establecidos por este.
    16. Incluir a los y las trabajadoras del Hospital Virtual Valdecilla en el Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Administración del Gobierno de Cantabria con el fin de blindar sus derechos, reconociendo así su formación, funciones y responsabilidades, garantizando el aumento de los salarios y la desaparición de la brecha laboral de género y acabando con la temporalidad laboral.
    17. Promover la legalización de la marihuana terapéutica. Avanzar en la línea que marcó el Parlamento de Cantabria el 29 de marzo de 2017 con una PNL aprobada por unanimidad, en la que instaba al gobierno de España a regular el cannabis terapéutico.
    18. Promover que el Servicio Cántabro de Salud cubra la salud bucodental, a corto plazo hasta los 20 años y a medio-largo plazo, que se cubra de forma universal.
    19. Integrar en el Servicio Cántabro de Salud la financiación de lentes, audífonos y productos de apoyo para las personas que lo necesiten y que carezcan de los recursos suficientes, realizando compras públicas de estos últimos.
    20. Potenciar campañas de salud preventiva a través de políticas públicas que favorezcan el diagnóstico rápido, la disminución de enfermedades y los costes de su tratamiento.
    21. Definición de protocolos claros en los Centros de Atención Primaria para que en todo momento tanto familias como profesionales sepan cómo proceder ante las necesidades del colectivo trans.
    22. Crear un plan de Salud Mental en Cantabria que:

a) Amplíe el Programa de Intervención Psicológica en Atención Primaria que garantice la presencia de al menos 1 profesional de Psicología Clínica en cada Centro de Salud de Atención Primaria.

b) Garantice la existencia de centros públicos especializados en Salud Mental cercanos a toda la población de Cantabria.

c) Garantice la existencia de Servicios de Psicología Clínica en los hospitales públicos.

d) Elabore un plan específico para la detección e intervención de la ideación suicida.

e) Aumente la ratio de profesionales de la psicología (actualmente tres veces por debajo de la media europea), psiquiatría y enfermería especializada en salud mental.

f) Alcance el objetivo de llegar a tener 18 especialistas por cada 100.000 habitantes (media europea), consiguiendo al menos aumentar la ratio a corto plazo hasta 10 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.

g) Incremente el número de plazas PIR en el SCS.

h) Repercuta en la calidad de los servicios en los Centros de Salud, reduciendo así las listas de espera, aumentando la frecuencia de las consultas y garantizando la formación actualizada y continuada de los y las profesionales.

i) Atienda las necesidades específicas de los sectores de la población más vulnerables a padecer problemas relacionados con la salud emocional y psicológica, encontrándose entre ellos la población más joven, la tercera edad; o pacientes con enfermedades relacionadas con la oncología, el dolor crónico, o procesos neurodegenerativos.

j) Refuerce la unidad de salud mental infanto-juvenil atendiendo a las problemáticas que más han crecido en los últimos años: las secuelas emocionales de la pandemia, las diferentes adicciones (juegos de azar, tecnología, estupefacientes y alcohol) y los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA).

k) Luche activamente por erradicar las malas prácticas psiquiátricas avanzando en la desaparición del uso de contenciones mecánicas y, en general, de todo uso de la violencia ejercida hacia los y las pacientes psiquiátricos.

    1. Creación de un Plan de Salud Sexual que incluya políticas de prevención del VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en todos los ámbitos, incluidos el laboral y educativo, así como políticas y legislaciones encaminadas a la no estigmatización de las personas que conviven con el VIH.
    2. Facilitación del acceso a la prueba rápida del VIH, creación de centros de salud sexual y de ITS destinados a la población general, así como apoyo a su realización en entidades sociales que trabajen con colectivos específicos.
    3. Recuperar y reforzar La Cagiga dotándola de más recursos para poder atender las necesidades de la población cántabra en materia de salud sexual y ampliando sus funciones para que no sea únicamente un centro de planificación, sino que funcione además como un centro de información sobre sexualidad. Es necesario generar un espacio que garantice:

a) La asistencia y el cuidado de las personas que acudan a él.

b) El acceso a información sobre salud sexual actualizada y para todas las edades y coyunturas.

c) El acceso a pruebas y diagnósticos en cortos periodos de tiempo.

d) La existencia de profesionales que puedan atender las demandas específicas de las personas que lo requieran.

e) Tratamientos y soluciones integrales e interdisciplinares.

  1. Invertir en formación y concienciación en materia de salud reproductiva con el fin de disminuir la tasa de partos quirúrgicos en la Comunidad. El mayor porcentaje de las cesáreas practicadas en Cantabria se da en la Clínica Mompía, de ámbito privado, con una tendencia en aumento que se encuentra en la actualidad en el 55,8%. Las tendencias del Hospital Comarcal de Laredo y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se encuentran a la baja, aunque con una tasa de entre el 17 y el 20%, aún por encima de los niveles que recomienda la OMS.

6.4. SERVICIOS SOCIALES

El sistema público de Servicios Sociales es uno de los pilares fundamentales del modelo al que debe avanzar Cantabria y tiene como objetivo la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y justa. A pesar de su importancia, los Servicios Sociales no han contado ni cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo sus objetivos y, en muchos casos, enfrentan graves carencias en materia de personal y organización.

Es por ello que desde Cantabristas defendemos la creación de un modelo de Servicios Sociales más fortalecido, para lograr una sociedad más justa, cohesionada y equitativa.

  1. Creación de un modelo unificado de Servicios Sociales de Atención Primaria, que cuente con el número de personal cualificado establecido atendiendo tanto a la ratio, como a los indicadores sociodemográficos de exclusión social, garantizando así, una respuesta cercana y rápida a las necesidades sociales.
  2. Apostar por la comarcalización de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
  3. Mejoras en la red de comunicación y coordinación entre los distintos sistemas de atención pública (servicios sociales, sanidad, justicia y educación). Proponemos fortalecer las competencias de cada sistema, evitando convertir al sistema público de Servicios Sociales como subsidiario ante la falta de atención desde otros servicios.
  4. Incrementar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la programación, control y evaluación de las políticas y actuaciones de los Servicios Sociales sin discriminación alguna.
  5. Apostar por el reconocimiento de los profesionales en sus contratos laborales, para lo que proponemos la creación de una normativa que obligue a certificar los estudios requeridos con el fin de evitar el intrusismo y el abuso laboral.
  6. Apoyar y luchar desde Cantabria por la creación de una Ley de Educación Social, que regule la figura de los Educadores y Educadoras Sociales, como profesionales imprescindibles para abordar problemáticas sociales con actuaciones específicas y que contribuya a la creación de nuevos ámbitos educativos y formativos.
  7. Establecer cauces de colaboración y comunicación estables entre los Centros de Educación de Personas Adultas y los Servicios Sociales.
  8. Promover la creación de equipos multidisciplinares en todos los centros de atención primaria, con el fin de ofrecer una atención más personal y especializada.
  9. Agilizar los procesos de sustitución ante las bajas laborales. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en riesgo o exclusión social, es importante cuidar la atención ofrecida, evitando situaciones de abandono temporales ante la gravedad de muchas de las problemáticas que se atienden.
  10. Modificar la normativa de la gestión de proyectos socioeducativos en relación a la exclusión social, desarrollados en las corporaciones locales. Éstos se caracterizan por una duración de seis meses y continuos cambios de profesionales y finalidades educativas, donde se pone el foco en la reducción de la tasa de desempleo, dejando de lado los intereses y necesidades sociales de las personas receptoras del proyecto. Proponemos la continuidad de las intervenciones, teniendo en cuenta la operativización de los objetivos propuestos.
  11. Cofinanciación en la construcción del Hogar del Transeúnte de Torrelavega. Dotando así de una alternativa habitacional de carácter de emergencia a las personas sin hogar.
  12. Garantizar el acompañamiento y apoyo profesional a la población. Reconocer la importancia de la intervención profesional frente a las prestaciones económicas, otorgando más tiempo y recursos económicos a medidas preventivas como el cumplimiento de la ratio y al respeto de los tiempos de intervención comunitaria.
  13. Modificar el catálogo de servicios sociales y prestaciones impulsando los servicios para la promoción de la autonomía personal y la inclusión social.
  14. Realizar un control efectivo y permanente de las condiciones asistenciales de los servicios externalizados de atención a la Infancia y adolescencia, estableciendo los cauces para avanzar hacia la internalización de estos servicios.
  15. Establecer, desde el ICASS, cauces de comunicación y encuentros informativos y formativos con las entidades perceptoras en el ámbito de subvenciones a las entidades sociales.
  16. Realizar un acompañamiento sobre el terreno a las entidades sociales cuyos programas se financian a través del ICASS, garantizando que su desarrollo se realiza en base a los objetivos del programa y ejerciendo una labor de apoyo, evaluación y mejora de los mismos.

6.5. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La atención a la dependencia es un tema fundamental en cualquier sociedad justa y solidaria. La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supuso un importante avance para garantizar una atención de calidad a las personas dependientes. Sin embargo, como en cualquier ley, su efectividad depende en gran medida de su aplicación práctica. Por eso, desde Cantabristas proponemos medidas concretas para agilizar los procesos y fortalecer la atención a la dependencia en nuestra tierra.

Para impulsar nuestra perspectiva de la atención a la dependencia, centrada en el bienestar de la persona, es necesario invertir recursos económicos y humanos y realizar un esfuerzo conjunto que implique a las Administraciones públicas, las profesionales del sector y la sociedad en general. La atención a la dependencia es una cuestión de justicia social y debe ser una prioridad en cualquier agenda política y social que aspire a construir una sociedad mejor.

  1. Aplicación efectiva de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
  2. Agilizar y facilitar el proceso de tramitación de las ayudas estipuladas por la Ley de Dependencia, con el fin de minimizar el tiempo de espera y acceso a las mismas.
  3. Aumento de la ratio de profesionales en atención a la dependencia mediante un programa de formación que permita la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad.
  4. Dotar de una financiación adecuada a los Centros de Atención a la Dependencia dependientes del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de avanzar hacia un modelo en el que se prioricen los centros públicos frente al modelo concertado y las privatizaciones.
  5. Promover procesos formativos de calidad para personas cuidadoras, facilitando la conciliación familiar y el acceso a los mismos, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de Cantabria.
  6. Invertir recursos económicos y humanos para fortalecer los servicios como la teleasistencia o ayuda a domicilio, con el fin de promover que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar y enriqueciendo, así, una atención centrada en la persona.
  7. Aumentar las auditorías a las residencias privadas y concertadas. Resulta necesaria la colaboración de los servicios sociales e inspección de trabajo para certificar que los centros tienen personal cualificado, con las ratios adecuadas y garantizando que las personas destinatarias reciban la atención precisa.
  8. Ampliación progresiva de las residencias de mayores dependientes del Gobierno de Cantabria que permita el fin de las listas de espera.
  9. Impulsar una deducción autonómica del IRPF para las familias que tienen contratadas a personas cuidadoras de menores o dependientes, con el doble objetivo de contribuir a mejorar su situación económica y favorecer la regularización de las trabajadoras y trabajadores.

6.6. SISTEMA DE GARANTÍA DE  INGRESOS

Cuando hablamos de Sistema de Garantía de Ingresos nos referimos a los mecanismos públicos que garantizan un nivel de ingresos suficiente para las personas que, al no estar percibiendo ningún otro tipo de prestación, no contarían con medios económicos para desarrollar una vida en condiciones dignas. En el ámbito de competencias de Cantabria, la principal herramienta de Garantía de Ingresos es la Renta Social Básica (RSB), gestionada desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Como consecuencia de la delicada situación económica, el aumento de la pobreza ha transformado el perfil de usuario de Servicios Sociales, distorsionando aún más su función como herramienta de inclusión social y trasladando sobre esta área el peso de la gestión de un número mayor de prestaciones económicas. Aunque generalmente están estrechamente relacionadas, la pobreza y la exclusión son fenómenos de diferente naturaleza y que deben afrontarse como tal. Por eso, proponemos trasladar las políticas de lucha contra la pobreza hacia el Sistema de Garantía de Ingresos, trasladando la gestión a otros ámbitos de la Administración y permitiendo que los Servicios Sociales puedan centrar sus esfuerzos en el ámbito de la inclusión y promoción social.

  1. Impulsar una reforma de la Renta Social Básica (RSB), a través de una Ley de Renta Social Básica y una reforma de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, con el objetivo de aumentar su cuantía y alcance, garantizando la complementariedad de esta prestación con el IMV por encima del umbral de la RSB, permitiendo alcanzar un nivel de ingresos digno a las personas beneficiarias.
  2. Realizar un estudio para el traspaso de la gestión de la Renta Social Básica desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) al Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria (EMCAN). El objetivo es posibilitar el trabajo de los Servicios Sociales en su ámbito de actuación específico, así como profundizar en la naturaleza de la Renta Social Básica como un Derecho Garantizado, separando el sistema de Servicios Sociales del sistema de Garantía de Ingresos.
  3. Establecer mecanismos para facilitar la percepción de la Renta Social Básica de forma complementaria con el empleo, siempre que no se alcancen unos ingresos mínimos en la unidad de convivencia.
  4. Simplificar la solicitud de la Renta Social Básica, estableciendo cauces a través de internet y en las Oficinas de Empleo, una vez que éstas asuman la competencia de la gestión, así como garantizar el acceso a la información a toda la sociedad cántabra sobre la naturaleza de esta prestación, los trámites necesarios para su solicitud y los requisitos de la misma.
  5. Adoptar una visión sobre la RSB y las prestaciones económicas de emergencia como un derecho garantizado, acorde con lo que establece la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales, superando la concepción asistencialista que ha caracterizado las políticas sociales en las últimas décadas.

6.7. VIVIENDA

A pesar de la existencia de más de 40.000 viviendas vacías en Cantabria, el efecto de la crisis hipotecaria ha convertido el acceso a la vivienda en un derecho que no se está cumpliendo de facto. Este problema se ha acrecentado en los últimos años por las subidas de precio que se están produciendo en materia de vivienda (tanto en la adquisición como en el alquiler) como consecuencia del auge de la vivienda turística y las segundas residencias en nuestra tierra.

Debemos afrontar esta problemática para revertir situaciones como las que se están dando en muchas ciudades y pueblos, en los que la población está siendo expulsada a otras zonas periféricas de los municipios y comarcas por el encarecimiento residencial. Por eso, en Cantabristas tenemos claro que hay que caminar hacia una Ley de Vivienda que garantice el uso social de la misma por medio de un parque público de vivienda y suministros básicos garantizados.

  1. Aprobación de una Ley de la Vivienda de Cantabria que explicite la función social de la vivienda como derecho subjetivo y se dote de los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
  2. Aumentar el presupuesto destinado a políticas de vivienda.
  3. Establecimiento por parte de la Dirección General de Vivienda de un equipo especializado en emergencia habitacional que desarrolle un protocolo ante posibles desahucios y actúe como mediador con los grandes tenedores de vivienda.
  4. Establecimiento por ley de la obligatoriedad para bancos y grandes tenedores de vivienda de disponer de una persona física con poder de decisión, localizable y disponible de cara a esa intermediación por parte de la administración.
  5. Blindar el derecho a la vivienda y trabajar por la paralización de desahucios sin alternativa habitacional.
  6. Creación de un Parque Público de Vivienda adquiriendo viviendas vacías para destinarlas a alquiler social.
  7. Promover la salida al mercado de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, fondos de inversiones, el SAREB y otras entidades bancarias. Reclamación por parte del Gobierno de Cantabria del fondo de vivienda del SAREB.
  8. Aprobación de un Plan de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural, destinado únicamente a la rehabilitación de vivienda para residencia habitual, estableciendo las garantías necesarias para que las políticas de rehabilitación repercutan en la fijación de población en entornos rurales.
  9. Plan de rehabilitación de inmuebles para la mejora de la eficiencia energética lo que favorecerá la dinamización del sector de la construcción y la creación de nuevos puestos de trabajo.
  10. Participación en la gestión del parque público de vivienda (Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos y obtenidos de grandes tenedores) por parte de los Servicios Sociales sin el uso de sorteos y con criterios de urgencia y necesidad.
  11. Garantía de suministros básicos, con la prohibición de suspensión de servicios a familias y personas en riesgo social.
  12. Creación de un Cuerpo de Inspectores de Vivienda que garantice el cumplimiento de la ley y su régimen sancionador.
  13. Facilitar el proceso de tramitación y concesión de la actual ayuda al alquiler por medios telemáticos o usando los registros auxiliares de los ayuntamientos para evitar viajes innecesarios a Santander.
  14. Intervención del mercado del alquiler, especialmente en áreas tensionadas por la presión turística, a través del establecimiento de las medidas pertinentes en la Ley de Vivienda de Cantabria.

6.8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

La defensa de lo público, que atraviesa el programa político de Cantabristas, implica necesariamente la transformación y mejora de los servicios públicos. En ese sentido, consideramos necesario avanzar hacia la modernización y adaptación a la realidad actual de la Administración Pública.

Además de dotar a la Administración de los recursos necesarios para poder realizar sus funciones, proponemos la implementación de mecanismos de evaluación y control de su funcionamiento, así como una simplificación y mejora de las relaciones entre la Administración y la sociedad, profundizando en la transparencia y el acceso a la información pública de forma sencilla y clara, sin limitaciones ni obstáculos, a partir de las herramientas con las que contamos hoy.

  1. Iniciar un procedimiento de auditoría de las contrataciones públicas del Gobierno de Cantabria en materia de Obras Públicas.
  2. Incluir cláusulas sociales y ambientales en todas las nuevas contrataciones públicas, con el objetivo de garantizar la calidad del empleo, eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres, garantizar condiciones dignas y de seguridad para las trabajadoras y trabajadores, contribuir a facilitar el acceso al empleo a los colectivos que tienen especiales dificultades para acceder al mercado laboral y cumplir criterios medioambientales.
  3. Transformación del Portal de Transparencia de la administración autonómica en un verdadero portal de acceso a la información pública. Para ello, es necesario mitigar las dificultades técnicas de acceso a datos de forma masiva, permitir su descarga en formatos y visualizaciones gráficas de uso común, e instaurar la presentación de tablas y resúmenes que permitan a la mayoría de los usuarios comprender la información y acceder con facilidad a la información que están buscando.
  4. Exigir el cumplimiento de la Ley de Transparencia, especialmente en materia de acceso a la información pública, ante los sucesivos incumplimientos y demoras por parte tanto del Gobierno autonómico como de las entidades locales.
  5. Impulso a la transparencia en las empresas públicas, estableciendo garantías legales de que se cumple con las obligaciones en materia de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas de carácter periódico ante el Parlamento de Cantabria, con intervención no solo de los órganos directivos sino también de los representantes del personal.
  6. Garantizar el acceso a la información pública y otros documentos administrativos a través de la Lectura Fácil a todas las personas que lo necesiten: personas con diversidad funcional, extranjeras con dificultades con el idioma, personas mayores que lo requieran y personas con dificultades para comprender mensajes escritos.
  7. Internalización y gestión pública directa del teléfono 012 de Atención Ciudadana.
  8. Promover una gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos a través de la implementación de medidas que promuevan la eficiencia en el uso de los recursos y la reducción del desperdicio de fondos o recursos.
  9. Avanzar en el ámbito de la Administración Pública en el establecimiento de medidas concretas en favor de la conciliación de la vida laboral y personal, con una regulación autonómica del teletrabajo, la flexibilidad horaria, la prestación de servicios de proximidad y el establecimiento de la jornada semanal de 35 horas, con el horizonte de implantación de la semana laboral de 32 horas con carácter general.
  10. Promover las medidas legislativas necesarias para asegurar la prestación de servicios bancarios sin coste para las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes por parte de la banca privada, hasta la puesta en marcha de la Banca Pública.
  11. Fortalecer los sistemas de control interno, con un Buzón Ético contra la Corrupción que verdaderamente permita la identificación temprana de posibles casos de corrupción. Estos sistemas deben permitir la interposición de denuncias de carácter anónimo y contemplar la supervisión, la evaluación y el monitoreo continuo de las actividades administrativas y financieras, así como la identificación de posibles conflictos de interés, y ser gestionados por organismos con autonomía e independencia en su actuación.
  12. Fortalecer la independencia de los organismos de control y vigilancia mediante la dotación de recursos y herramientas y que les permita llevar a cabo sus funciones de manera independiente y efectiva.
  13. Promover la creación de una Fiscalía Anticorrupción autonómica, como ya existe en otras Comunidades Autónomas.
  14. Implementar mecanismos que permitan el acceso sencillo y directo a la información pública, mediante la divulgación de información sobre los procesos de contratación, a través de un portal específico donde se publiquen y sean fácilmente accesibles todos los contratos que realice la Administración autonómica.
  15. Desarrollar procesos de evaluación de políticas públicas, contando con la opinión y propuestas del personal, tratando de identificar funcionamientos disfuncionales o anómalos, con el objetivo de fomentar valores como la ética, la integridad y la transparencia en la gestión pública.
  16. Implementar controles de calidad en la selección de proveedores basados en criterios objetivos y transparentes. Esto incluye la implementación de procesos de licitación competitivos, la evaluación de los proveedores por parte de comités independientes y la revisión de las políticas de contratación pública.
  17. Comenzar a revertir la privatización del servicio de Carreteras, para que vuelva a ser de gestión directa y prestado por empleados públicos, dotando del personal y recursos necesarios para realizar estas funciones.
  18. Como mecanismo de equilibrio territorial, apostamos por el traslado de la Consejería de Medio Rural a Torrelavega, así como la Dirección General de Administración Local que, de esta manera, compartiría municipio con la Federación de Municipios de Cantabria.
  19. Llevar a cabo la rehabilitación del Palacio Municipal de Torrelavega, tras las obras de estabilización, para que pueda albergar de nuevo las oficinas municipales y demás servicios.
  20. Dotar de presupuesto adecuado al Consejo de la Juventud de Cantabria.
  21. Creación de un espacio físico de asesoría pública para las asociaciones, ayudando a las mismas en todas las labores administrativas y burocráticas que muchas veces las lastran.

6.9. MEMORIA HISTÓRICA

Uno de los pilares básicos de una sociedad democrática es el reconocimiento a todas aquellas personas que lucharon y sufrieron la represión del fascismo y la dictadura. Desde Cantabristas trabajaremos por una memoria histórica que contemple, además de a aquellas personas represaliadas por la dictadura por sus ideas y actividades políticas, aquella represión ejercida de manera específica contra las mujeres, las personas LGTBI y las minorías.

    1. En cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, dotación presupuestaria que permita llevar a cabo:

a) Exhumación de las fosas y la identificación de las víctimas de la represión.

b) Eliminación definitiva de toda la simbología franquista de todos los espacios públicos de Cantabria.

c) Reconocimiento público a los y las luchadoras antifranquistas que viven en la actualidad, y a la memoria de las personas ya fallecidas. Este homenaje se hace extensible también a quienes sufrieron la violencia de los grupos de ultraderecha y parapoliciales durante la transición.

  1. Creación de un archivo público de la memoria, la represión y la resistencia.
  2. Homenaje y reconocimiento público a la familia y a la memoria de Gonzalo Ruiz víctima de la represión durante los sucesos de Reinosa de 1987.
  3. Implantación de “Espacios de la memoria” que sirvan de homenaje permanente a las víctimas de la represión franquista y a los ideales por los que lucharon.
  4. Creación de un Centro de Interpretación de la Guerra Civil y los Emboscaos en el Escudo, explicando los entresijos bélicos de la derrota republicana en Cantabria y sus consecuencias para la población ejecuciones, encarcelamientos, represión, exilio
  5. Reconocimiento público e institucional de la resistencia contra el franquismo y, en particular, de la guerrilla antifranquista, así como de quienes formaron parte de su red de apoyo.
  6. Recuperación de los bienes inmatriculados de manera indebida por la Iglesia Católica.