La medida tiene como objetivo mitigar las externalidades y efectos adversos derivados de la actividad turística en Cantabria, como el daño medioambiental o la subida de los precios de la vivienda
A la vista de los alarmantes datos sobre el precio de la vivienda publicados recientemente –sobre los que la actividad turística tiene gran incidencia-, Cantabristas ha planteado la creación de un impuesto sobre las estancias en alojamientos turísticos, con el objetivo de “mitigar los efectos adversos de la actividad turística en Cantabria”. El partido ha hecho hincapié en que esta medida podría contribuir a la capacidad de actuación de la administración pública, permitiendo invertir mayores recursos en la protección del medioambiente o en la regulación de los precios de la vivienda, es decir, en “internalizar las externalidades derivadas de un modelo turístico que actualmente no es sostenible y además de beneficios, conlleva también unos costes medioambientales y sociales”.
Esta medida tendría un carácter progresivo, en la medida en que “graba la capacidad económica de las personas físicas en función del tipo de alojamiento turístico que hayan escogido”. El impuesto -que se aplicaría en alojamientos turísticos, albergues de juventud que presten servicios turísticos de alojamiento, embarcaciones de crucero turístico y cualquier otro establecimiento o equipamiento que preste servicios de alojamiento- tendría un importe que variaría en función del tipo de alojamiento. Por ejemplo, la estancia en viviendas de uso turístico costaría 0,90 euros por día, mientras que la estancia en hoteles de 5 estrellas o con equipamientos de lujo equivalente, subiría a 2,25 euros.
Cantabristas ha explicado que el impuesto establecería un límite de pago si la estancia dura más de una semana. Además, los menores de 16 años estarían exentos de esta tasa, así como las personas que se alojen en Cantabria por motivos de salud. La formación soberanista ha querido puntualizar que considera que este impuesto no tendría un efecto negativo en el turismo, dado que el impacto sobre el coste final para el usuario es muy reducido, y ya está en funcionamiento en otras localidades y comunidades autónomas sin problemas, pero “sí que protegería a la población cántabra, pues no sería ella la que tuviera que pagar y sufrir las consecuencias negativas que el turismo no sostenible conlleva”.
