La ampliación se llevaría a cabo simplificando requisitos y adoptando como indicador para la cuantía el Salario Mínimo Interprofesional
Cantabristas propone una ampliación extraordinaria de la Renta Social Básica para garantizar el bienestar de la población cántabra y garantizar unos ingresos mínimos a los sectores sociales más vulnerables. El partido considera que el Gobierno de Cantabria debe tener como prioridad atender a la gente que no tiene ingresos y no está pudiendo acceder a otras prestaciones, para lo cual, debe presionar al Gobierno Estatal, que está tomando medidas “positivas pero insuficientes”. La portavoz del partido y trabajadora del ámbito de los servicios sociales, Ana Póo, considera que, ante la urgencia de poner en marcha medidas para garantizar las necesidades básicas, lo más eficaz puede ser utilizar los mecanismos de gestión de la Renta Social Básica ya existente, “ampliando su alcance y cuantía, y dotando al ICASS de los medios humanos y materiales necesarios”.
La ampliación de la cuantía se llevaría a cabo adoptando como indicador para una persona el Salario Mínimo Interprofesional (950€), en lugar del IPREM (537,84€), con sus modificaciones en función del número de personas que componen el hogar. Así mismo, proponen simplificar los requisitos y trámites para la concesión, que a ojos de Póo, “debe tener carácter inmediato y prolongarse mientras se mantenga la situación de emergencia sanitaria del COVID-19 y después, en caso de persistir la insuficiencia de ingresos”. Desde el partido cantabrista plantean que la financiación de esta modificación correspondería, por la situación de excepcionalidad, al Estado, como una ampliación de las medidas económicas que se están tomando.
Cantabristas ha señalado también que esta propuesta podría hacerse extensible a otras Comunidades Autónomas, que cuentan con rentas mínimas de ingresos análogas a la Renta Social Básica cántabra. Ana Póo ha matizado que, a diferencia del funcionamiento de estos instrumentos hasta la fecha, la propuesta implica “la eliminación de criterios discrecionales en la concesión de las prestaciones, empleando únicamente criterios objetivos de valoración de la necesidad económica, lo que contribuiría a agilizar y simplificar la gestión de las prestaciones”. Además, ha valorado que “solo las medidas valientes, como esta, pueden proteger de forma eficaz a la población de las consecuencias económicas de esta crisis”.
