La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado el recurso interpuesto por las personas afectadas de las 140 VPOs del Primero de Mayo ante el “escándalo” que supuso la valoración desorbitada de sus pisos, aprobada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, que suponían precios de más de 150.000€ para ejecutar la opción a compra de pisos de 50m2
Cantabristas ha trasladado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha dado la razón a las vecinas y vecinos afectados por el “escándalo” de las VPOs del Primero de Mayo. En febrero de 2021, la formación cantabrista denunció públicamente que la Dirección General de Vivienda, dirigida en aquel entonces por la actual delegada del gobierno estatal Eugenia Gómez de Diego (PSOE), había autorizado una valoración desorbitada para ejecutar la opción a compra, haciendo que pisos de protección oficial de, por ejemplo, 50m2, con ese precio abusivo, pasaran a costar más de 150.000€.
Para la formación cantabrista, la sentencia demuestra que, por un lado, tanto los y las vecinas del Primero de Mayo como Cantabristas, que fue quien hizo pública la situación, tenían razón al considerar abusivas las valoraciones de las viviendas y, por otro, que “Gómez de Diego sí pudo haber hecho algo, a pesar de negárselo a las personas afectadas y haberse lavado las manos, motivo por el cuál exigimos su dimisión en aquel momento”. En este sentido, desde Cantabristas lamentan que se haya “premiado la mala gestión y la inoperancia nombrando delegada del gobierno estatal a quien debería haber asumido responsabilidades por esto y ponerse del lado de las y los vecinos”.
Las resoluciones de la Dirección General de Vivienda que la justicia ha revocado desestimaban el recurso de las personas afectadas ante la valoración autorizada a la empresa Residencial Primero de Mayo S.L. Así, esta sentencia ha tumbado el establecimiento de precios de venta que rondaban los 3.000€ por metro cuadrado, más del doble del precio máximo fijado legalmente para la ejecución de opción a compra de VPOs. La sentencia, que podría ser aún recurrida, establece ahora un precio máximo de venta de 1.394,72€ el metro cuadrado y 836,63€ en garajes y trasteros; reduciendo el precio casi un 60% respecto a lo aprobado inicialmente y ajustándolo a un precio más justo para unas viviendas de protección oficial.
