Cada año, por estas fechas, comienza el baile de declaraciones políticas sobre los presupuestos. Recientemente hemos conocido el proyecto de presupuestos de Cantabria para 2021, que incrementan el gasto y la previsión de ingresos en un 6,66% con respecto a 2020. El carácter expansivo de las cuentas de Cantabria para el año que viene es la receta lógica ante la delicada situación económica que está generando la pandemia. Los próximos serán unos presupuestos para un año anómalo, pero al menos esta vez no se opta por la vía de los recortes, que tuvo los resultados que ya conocemos.
Es evidente que necesitamos incrementar el gasto público y la inversión en un contexto como éste, donde se deben atender las necesidades urgentes de amplios sectores sociales y de actividades económicas muy perjudicadas por la situación. El proyecto de Presupuestos no es, sin embargo, todo lo ambicioso que debería ser y se queda a medio camino en una situación que requiere mayor esfuerzo por parte del sector público.
Por una parte, porque hay servicios públicos que llevan décadas infrafinanciados, como la sanidad, y que necesitan revertir esa situación de forma inmediata. Por otra, porque continúa la falta de valentía y/o voluntad política para impulsar una reforma fiscal, del IRPF, para que, de una vez por todas, las rentas más altas contribuyan en mayor medida al sostenimiento del gasto público.
Los Presupuestos de Cantabria están limitados por el escaso margen, en materia de financiación, que nos deja nuestro Estatuto, y por eso desde Cantabristas promovemos una reforma del mismo, para poder tener herramientas que permitan a Cantabria garantizar el sostenimiento de los servicios públicos con verdadera autonomía frente a los equilibrios de poder y los caprichos de Madrid. Sin embargo, sí se podía esperar en las cuentas autonómicas una adecuación de la política fiscal al contexto excepcional que estamos viviendo, y un mayor peso de las políticas sociales y de la inversión en I+D+i frente a la clásica receta del hormigón y el ladrillo.
En materia de fiscalidad, debe plantearse la necesidad de incrementar los ingresos a través de varias vías. La primera, tal y como ha aparecido en el debate público en los últimos días, reclamando el fin del dumping fiscal de la Comunidad de Madrid, que hace perder millones de euros en ingresos a todas las demás CCAA cada año. La segunda, a través de la implementación de nuevas fuentes de financiación, como la creación de una tasa a los alojamientos turísticos, acorde con su categoría y dimensión, como ya existe en otros lugares de nuestro entorno, o a través de la creación de un impuesto a los grandes establecimientos comerciales, como ya existe en Asturias, que compense al menos parcialmente el impacto de estos establecimientos sobre el pequeño comercio. La tercera, a través de la ya mencionada reforma del IRPF para hacerlo más progresivo.
Soluciones que pueden contribuir a lo fundamental: sostener la educación, la sanidad, la protección social y el empleo, en un momento en que todos los sectores económicos son más conscientes que nunca de la importancia del sector público y de su papel indiscutible ante escenarios de crisis.
