El pasado 10 de septiembre se debatía en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria que elimina los aforamientos, tres años después de que fuera aprobada por el Parlamento de Cantabria. Dejando a un margen la finalidad de la reforma, con la que estoy de acuerdo, y lo significativo de necesitar años para una reforma tan leve, lo cierto es que la ocasión merece pararse a pensar en la posibilidad de afrontar una reforma de calado de nuestro Estatuto de Autonomía.
Para eso hacen falta ganas, y parece que en la política institucional de Cantabria no hay muchas. En primer lugar, hay que señalar que el marco que establece nuestro Estatuto actual permite el desarrollo de algunas competencias que, por decisión y/u omisión de los partidos que han regido la vida política de Cantabria en las últimas décadas, no han sido desarrolladas. Es curioso el desinterés de algunos en desarrollar las competencias propias. Tampoco la organización territorial en comarcas que ya contempla el Estatuto actual en su artículo 2.3, ni la figura del Defensor del Pueblo Cántabro del artículo 16, ni los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico del 25.9…
Si queremos cambiar o rectificar el rumbo de esta Cantabria, a veces desnortada y perdida en el debate estéril y la falta de ideas, es fundamental impulsar el desarrollo de nuestra autonomía actual e ir más allá, incrementando el marco competencial para avanzar hacia un modelo en que Cantabria tenga mayor autogobierno y, en consecuencia, mayor capacidad de decisión. El objetivo no debe ser otro que profundizar en ese autogobierno, como manifestación política de la voluntad del pueblo cántabro y como garantía de sus derechos y libertades.
Hay varios puntos pendientes de cara a una reforma, como la introducción de un Título específico de reconocimiento de Derechos Sociales, como existe en otras CCAA, y la garantía de esos derechos mediante protección jurisdiccional. También avanzar en la conformación de un modelo financiero y fiscal propio, que garantice que Cantabria cuente con los recursos necesarios para prestar los servicios fundamentales en materia de educación, sanidad, dependencia y protección social, desvinculándolo en mayor medida de los equilibrios de poder que se dan en Madrid. El reconocimiento de Cantabria como nacionalidad histórica, – ya se reconocen como tal, de acuerdo con sus Estatutos: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco –. Establecer en el Estatuto la protección de nuestro medio ambiente para garantizar su preservación, por encima de cualquier interés particular, turístico o especulativo.
Podrían decirse muchas cosas y tratar muchos más temas que podrían recogerse en el texto. Tampoco debemos olvidar las limitaciones que impone en el horizonte el marco estatutario. Pero por eso es necesario un debate profundo, con voluntad política de mejorar la vida de las cántabras y cántabros y tratar de avanzar en el autogobierno. Aún queda mucho por andar, pero antes hay que empezar a moverse y dar pasos o no iremos a ninguna parte.
