Que nadie se engañe, claro que son decisiones políticas. Tras ellas hay valoraciones técnicas, pero también profundamente políticas. Esta semana escuchamos a responsables del Gobierno de Cantabria poner a la Consejería de Sanidad de escudo y explicación para las medidas tomadas en los últimos días y las que se tomarán en breve.
Pero establecer que el curso escolar empiece en estas condiciones es una decisión política. Como lo fue el llamamiento al turismo masivo, anunciado hasta la saciedad en los últimos meses. Son decisiones políticas y por eso las celebran los que las toman, que hace apenas unos días se felicitaban por haber alcanzado cifras record de masificación turística.
Pues bien, ahora tenemos esta situación. No viene de la nada, ni se ha llegado hasta aquí por decisiones técnicas, sino por una determinada manera de hacer las cosas. El inicio del curso escolar se prevé complicado. En los centros educativos se está haciendo un importante esfuerzo para poner en marcha protocolos y medidas preventivas, cargando con una parte de la responsabilidad que, en realidad, le corresponde a la propia Consejería de Educación y que no debería eludir, por tentador que resulte lavarse las manos ante previsibles contagios y cierres parciales de centros.
Preocupa la situación de varios municipios que presentan datos especialmente alarmantes en número de casos activos. Otras Comunidades Autónomas ya han optado por retrasar el inicio del curso escolar, lo que permitiría adoptar medidas adicionales de prevención. Una medida obligada, en mi opinión, en contextos como el de Santoña, y que debería ponerse sobre la mesa para toda Cantabria si se toman medidas de la misma naturaleza en otros municipios.
Pero más allá de decisiones coyunturales, que son de vital importancia, está el fondo del asunto: hasta qué punto se está apostando por la presencialidad y dotando de recursos al sistema para que sea posible. Dado el contexto, excepcional y sin precedentes, cuesta creer que los poderes públicos no tengan capacidad para poner en marcha medidas que podrían contribuir realmente a facilitar la enseñanza presencial incluso en esta situación.
Contratar el personal necesario para bajar las ratios de forma real, habilitar más espacios para que efectivamente el número de alumnas y alumnos por aula se pueda reducir (se han ofrecido otros espacios públicos, que permanecen cerrados y no se están utilizando), dotar al personal de EPIs adecuadas y suficientes para la totalidad de su jornada laboral, contratar suficiente personal de limpieza o garantizar la presencia de personal sanitario en todos los centros educativos.
Tampoco es pedir algo imposible. Simplemente es exigir que se refleje en lo económico, en lo material, la importancia que supuestamente tiene la educación en el discurso de quienes nos gobiernan. Porque a ningún político se le ocurriría negar que es fundamental, pero ¿qué valor tiene eso si a la hora de la verdad se trabaja más en poder abrir el chiringuito que la escuela?
