Contra la ley de la selva de los parques eólicos

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Esta semana conocimos una acertada iniciativa, impulsada por más de 15 colectivos sociales, solicitando la moratoria de todos los proyectos de parques eólicos en Cantabria hasta la aprobación definitiva de un Plan de Ordenación del Territorio (PROT) y una Evaluación Ambiental Estratégica que siente las bases para la instalación de aerogeneradores en Cantabria.

El famoso PROT no es más que la principal normativa en materia de ordenación territorial, que no se ha aprobado aún, y que lleva cogiendo polvo en algún cajón desde hace años. El motivo: las presiones de alcaldes y otros poderes para que no se apruebe, por la limitación que supone tener cualquier tipo de Plan para la ley de la selva urbanística que ha imperado e impera en muchos municipios de Cantabria. No es, por lo tanto, un asunto menor o una mera formalidad administrativa, sino la principal herramienta que tenemos para decidir hacia donde caminamos y qué espacios se quieren dedicar a unos usos o a otros.

Junto a la Ley del Suelo – que denominamos Ley del Cemento, por su contenido –, en proceso de modificación, son normas que definen lo que queremos que sea Cantabria en las próximas décadas. Por eso es tan importante exigir la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio que marque líneas claras y que proteja los entornos naturales de la especulación urbanística.

La desordenación territorial y la falta de planificación ya han tenido un coste muy elevado para Cantabria. No solo ambiental o social, sino también económico, con millones de euros invertidos, incluso hoy en día, en la ejecución de sentencias de derribo.

La cuestión de los parques eólicos nos remite al mismo caos y falta de regulación. Decenas de proyectos de parques, muchos en las inmediaciones de núcleos de población, que se están tramitando por separado, sin una planificación global sobre cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y qué lugares, de haberlos, pueden reunir las condiciones para este tipo instalaciones.

Una vez más, cosas hechas rápido y mal – esta vez bajo el amable disfraz de la «transición ecológica» – que pueden tener consecuencias ambientales graves y que suponen una transformación completa de muchos de nuestros paisajes.

Que no nos pinten de verde lo que no es más que el gris de siempre. Tras estos polígonos de aerogeneradores hay intereses económicos completamente ajenos a las necesidades de nuestros pueblos y de nuestro planeta. La transición ecológica es ineludible y Cantabria debe asumir un papel en ella, pero debe llevarse a cabo con planteamientos justos y con racionalidad, para no perjudicar y dañar precisamente los espacios y los lugares que deberíamos preservar para las generaciones futuras.

Ojalá fuera bueno todo lo que suena bien. Pero una vez más, no es así. Es imposible avanzar con coherencia hacia unos objetivos climáticos o energéticos si carecemos de las herramientas legales más básicas. El Gobierno de Cantabria tiene que ponerse las pilas para sacar adelante el PROT y, hasta entonces, echar el freno y no caer en las tentaciones de las multinacionales que empujan para hincar el diente, a toda prisa, a nuestros altos y nuestras brañas.

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